Admitido el recurso contra los conciertos a colegios de élite

El sindicato anunció ayer que pedirá que se hagan públicos los informes previos que los inspectores de Enseñanza realizaron sobre estos centros porque tiene constancia de que en algunos se desaconsejaba que se les concediera financiación pública, concretamente a los tres colegios del Opus Dei situados en el Vallès Occidental: Viaró -sólo para chicos-, La Farga y La Vall -sólo para chicas-. Con anterioridad, Iniciativa per Catalunya (IC-V) había presentado un recurso de alzada ante la delegación territorial de Enseñanza.

'Si conseguimos los informes en los que se desaconsejaba concertar estos centros, será un golpe muy duro para la consejera de Enseñanza porque le será difícil encontrar argumentos que justifiquen su política', dijo ayer el portavoz de USTEC-STE, Carles Martínez. El sindicato, añadió, pedirá una auditoría porque sospecha que Enseñanza otorgó estas subvenciones 'en clave electoral'. El coste anual de las subvenciones a estos centros privados es de más de 900 millones de pesetas. La partida presupuestaria de la Generalitat a conciertos educativos aumentó en el presupuesto de 2001 hasta alcanzar 101.103 millones, el 25% del total de Enseñanza.

Expediente administrativo

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC ha dado 20 días a Enseñanza para que presente el expediente administrativo -que tiene fecha del pasado 6 de marzo y debe incluir los informes de los inspectores- correspondiente a la resolución de concesión de los conciertos a estos siete colegios.

Estos informes son preceptivos, aunque no vinculantes, pero la consejera Carme Laura Gil ha insistido en todo momento en que estos centros de élite reunían todos los requisitos que exige la ley, razón por la que 'no se les podía negar el concierto'.

Gil ha defendido en todo momento el derecho a subvención de estos centros de élite, que cobran a sus clientes a través de fundaciones opacas y donaciones a fondo perdido cantidades muy por encima de un salario medio, con el argumento de que 'tan gratuita debe ser la escolarización obligatoria para una familia rica como para una pobre'. La consejera sostiene que si algún centro privado 'tiene una fundación y le dicen al padre [de un alumno] que haga una aportación voluntaria, nosotros no podemos hacer nada'.

La consejera considera que la Ley Orgánica de Derecho a la Educación (LODE), de 1985, 'dice que si la concertada tiene una ratio entre alumnos y profesores igual a la media de lo que hay en la pública, tienes que darle el concierto' y que si en la factura 'están separadas la parte curricular y la parte de la fundación, los jueces no nos darán la razón para quitar el concierto'. La titular de Enseñanza, sin embargo, aseguró que su departamento había abierto expedientes informativos a los siete centros para comprobar si cumplían los requisitos.

USTEC-STE considera en su recurso que estos conciertos vulneran la legalidad que establece que los centros escolares receptores de subvención deben impartir la enseñanza de forma gratuita y que no cubren necesidades urgentes de escolarización de la zona en la que están. El sindicato pide la anulación de estos conciertos porque incumplen la LODE.