La deuda de la Generalitat se ha duplicado en cinco años y ya supera el 10% del PIB

La deuda de la Generalitat valenciana a finales de 1995, el primer ejercicio presupuestario compartido entre socialistas y populares, ascendía a 441.921 millones de pesetas. Las obligaciones han crecido sin freno desde entonces y alcanzaron, a finales del año 2000, 980.000 millones, exactamente el doble.

Los dos responsables de Hacienda desde 1995 hasta la fecha, José Luis Olivas, primero, y Vicente Rambla, después, han esgrimido siempre indicadores relativos para intentar paliar el peso de los datos absolutos. Ambos han defendido siempre que la deuda de la Generalitat con relación al PIB de la Comunidad Valenciana, o con relación al número de valencianos -la deuda per cápita- arrojaban indicadores comparables con otras comunidades autonómas con un nivel similar de competencias. Cataluña y Andalucía han sido siempre los referentes preferidos.

Pero el volumen de la deuda pública con relación al PIB saltó por los aires por primera vez cuando el Banco de España ofreció los datos correspondientes al tercer trimestre de 2000, cuando las obligaciones de la Comunidad Valenciana superaron el 9% del PIB, por encima del 8,8% que compartían entonces Cataluña y Galicia.

El aumento de más de casi 80.000 millones de las obligaciones contraídas por la Generalitat a lo largo del último trimestre de 2000 ha dinamitado todos los registros de deuda relativa al PIB. El 10,3% que registra ahora la Comunidad Valenciana sólo es comparable al índice que registraba la Comunidad Foral de Navarra a finales de 1996, que ha logrado reducir esa cifra hasta 6,1 en la actualidad.

El segundo indicador relativo, la deuda per cápita, corre en paralelo. Sólo los catalanes deben 11.000 pesetas más que los valencianos por cabeza. Pero las 243.573 pesetas que debe cada valenciano desbordan con mucho las obligaciones contraídas por andaluces o gallegos, que rondan la 155.000 pesetas, por debajo de la media nacional.

Las previsiones de inversión de la Generalitat para los próximos años auguran un nuevo incremento sostenido de la deuda. El Consell tiene previsto invertir más de 150.000 millones de pesetas, al margen del presupuesto ordinario, para completar las obras de nueva construcción y adaptación de centros educativos previstas en el mapa escolar en el menor plazo posible.

En el ámbito de Justicia, el Consell ejecuta en la actualidad las obras de la denominada Ciudad de la Justicia, en Valencia, que también desbordan las inversiones ordinarias.

En Sanidad, finalmente, la red de centros de atención primaria también exige el recurso al crédito ajeno, tanto como la supuesta remodelación del Hospital La Fe, de Valencia, que nunca ha llegado a concretarse.

La vocación de modificar la percepción que los ciudadanos tenían de la Generalitat cuando el PP llegó al poder se tradujo en un aumento descontrolado del gasto público en los primeros años de gestión de Eduardo Zaplana que, sin embargo, nunca reclamó al Estado ninguna deuda histórica producto de la insuficiencia financiera de las transferencias de servicios.

Alicia de Miguel, portavoz del Consell, afirmó ayer que la deuda acumulada por la Generalitat en los últimos años es 'razonable' y sugirió que es 'producto de la inversión que se ha realizado a lo largo de estos años para superar carencias que existían en la Comunidad Valenciana'. Según su versión, junto a las transferencias en Sanidad y Educación, 'que eran insuficientes ya de entrada', se ha hecho 'un tremendo esfuerzo inversor' en infraestructuras, 'en las que estábamos evidentemente muy retrasados' y era 'necesario e imprescindible un esfuerzo considerable para modernizar y desarrollar' la Comunidad Valenciana.

La consejera portavoz se extendió sobre la 'insuficiencia' de la dotación económica de las transferencias del Estado asumidas por la Generalitat, sobre todo en los ámbitos de Educación y Sanidad. Pero subrayó que la 'solvencia financiera' de la Generalitat está avalada por agencias internacionales de prestigio, como Standard & Poor's o Moody's.

'Lo que hay que destacar es que nuestra Comunidad ha crecido en confianza y en empleo, ha crecido nuestra economía y hay confianza en el futuro', señaló De Miguel.

Al parecer, la supuesta insuficiencia de la dotación financiera de las transferencias de los principales servicios públicos pasó desapercibida a José Luis Olivas, actual vicepresidente del Consell, cuando negoció el actual modelo de financiación autonómica, acordado en septiembre de 1996, y renunció a reivindicar cualquier tipo de deuda histórica, como plantearon entonces los catalanes.

Interrogada sobre la posibilidad de que la Generalitat esgrima algún tipo de deuda histórica en la inminente ronda de negociaciones sobre el futuro modelo de financiación autonómica, De Miguel se limitó a comentar que la propuesta formulada por Eduardo Zaplana garantizará la 'suficiencia financiera' de la Generalitat en el futuro.

Más allá de las buenas palabras de la consejera portavoz, los portavoces de la oposición parlamentaria calificaron el nivel de deuda de la Generalitat de 'alarmante' y lamentaron que las obligaciones contraídas por la Hacienda pública valenciana no se hayan traducido en una mejora palpalble de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

Joaquim Puig, portavoz socialista, comentó que la situación financiera de la Generalitat es 'de extrema gravedad' y debe obligar al Consell a 'bajar de la nube de autosatisfacción en la que está instalado y empezar a trabajar para desarrollar mecanismos que permitan reducir la deuda y ver de qué manera se cubre el déficit de la Comunidad Valenciana'.

Para Puig, 'el gran problema que tenemos en estos momentos' es que los niveles de deuda han alcanzado el billón de pesetas 'sin haber solucionado los problemas que tiene esta comunidad en el campo de las infraestructuras, la educación o la sanidad'.

Joan Ribó, portavoz de Esquerra Unida, comentó que el volumen de la deuda pública de la Generalitat 'hipoteca' la gestión de cualquier futuro gobierno autonómico y se preguntó cómo se abordarán las inversiones previstas para culminar el mapa escolar, terminar las obras de la Ciudad de la Justicia o dotar los centros necesarios para cubrir la atención sanitaria primaria en la Comunidad Valenciana.