La cesión del IRPF centra las diferencias entre Junta y Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha repetido en las últimas semanas que el nuevo modelo de financiación autonómica se basará en censos 'más actuales'. La utilización de datos anticuados en el cálculo de la población de las comunidades fue uno de los motivos que llevó a la Junta de Andalucía a rechazar su incorporación al sistema de financiación diseñado en 1996 por el Ejecutivo central, apenas unos meses después de que el PP ganara las elecciones generales. Según los cálculos de la Consejería de Economía, en los últimos cinco años Andalucía ha dejado de ingresar 260.000 millones de pesetas por este motivo: el censo usado sólo reconoce 6.851.154 andaluces, mientras que la población real, según la última revisión del padrón es de 7.305.117 habitantes.

Una vez que Montoro ha aceptado la necesidad de actualizar el dato de población que se emplea en el reparto de fondos, las diferencias con la posición de la Junta se estrechan. Sobre todo si se coge como referencia la propuesta aireada en el último año por el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, que ha sido asumida por el PP como tesis oficiosa. Ante la necesidad de aumentar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, Zaplana ha reclamado la ampliación de los tributos cedidos (30% de la cuota territorializada del IRPF, sucesiones y donaciones, tasas de juego, transmisiones patrimoniales); la nueva cesta incorporaría algunos impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco), el impuesto de matriculación y el IVA en su fase minorista. Una composición muy semejante a la propuesta por la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, en julio de 1996.

Todos estos impuestos gravan el consumo, una variable en la que las diferencias entre las comunidades autónomas no es muy acentuada. La principal discrepancia se encuentra en la participación de las comunidades en la recaudación del impuesto sobre la renta. El consejero de Economía de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla, defendió hace una semana incrementar el tramo cedido de la cuota líquida territorializada hasta el 50%.

La propuesta de Álvarez es bien distinta. Además de considerar que hacer girar la financiación autonómico sobre este impuesto es erróneo (su recaudación crece mucho menos que la que originan otros gravámenes), la consejera quiere que su cesión no incremente las desigualdades entre las comunidades. Por definición, el IRPF muestra las diferencias de renta entre las comunidades. Pero, además, las cuotas líquidas resulta de aplicar tarifas progresivas. Es decir, se grava más a las rentas más altas. Y las comunidades más ricas recaudan más por la aplicación de este criterio de redistribución. Así, según el saldo presupuestario del ejercicio de 1997, el único conocido en el modelo de financiación vigente, Cataluña obtenía el 76% de sus recursos por la cesión del IRPF, mientras que en Andalucía esa cantidad se reduciría al 29%.

Para evitar que el impuesto sobre la renta agudice estas diferencias, Álvarez propone aplicar un tipo fijo autonómico sobre la base imponible, en la que aún no se han utilizado criterios de progresividad, que quedarían así reservados al Gobierno central.

El PSOE celebró el pasado martes un encuentro en Madrid para armonizar su estrategia federal sobre el modelo de financiación. El lunes, los consejeros de Economía de comunidades gobernadas por el PSOE y Jordi Sevilla, portavoz federal de Economía, mantendrán un encuentro con un representante del Gobierno central. Pero parece improbable que andaluces y extremeños acepten mantener la participación en el IRPF como está. Y la Junta quiere que el Gobierno central establezca algún mecanismo de compensación por las pérdidas en los últimos cinco años, unos 770.000 millones según sus cálculos.