Un problema olvidado
Casi dos meses después de iniciarse la acampada, los trabajadores de Sintel, la ex filial de Telefónica especializada en colocación de cables, siguen instalados en sus tiendas de campaña en pleno paseo de la Castellana de Madrid, frente al Ministerio de Economía, como expresión de protesta permanente por la quiebra de la empresa y la ausencia de soluciones políticas y financieras a su caso. La situación de la compañía tiende a empeorar con el paso del tiempo. En junio presentó suspensión de pagos, su déficit patrimonial reconocido es de casi 12.000 millones de pesetas -puede haberse ampliado ya a 20.000 millones- y tiene abierto un expediente de extinción de 796 empleos sobre los 1.818 de la plantilla. La persistencia de ese poblado de tiendas de campaña en el corazón de Madrid indica bien a las claras que el problema empresarial de Sintel se ha enquistado ante la aparente indiferencia tanto de los responsables de la empresa como del Gobierno.
El problema de fondo es la definición de quién debe aportar el capital necesario para cubrir las pérdidas patrimoniales, reiniciar el programa de inversiones y ofrecer un plan industrial para recuperar el futuro de la empresa. Más que un problema de orden público, de si se debe desalojar o no el llamado campamento de la esperanza, estamos ante un problema de decisión política y empresarial. Lo que hay que lamentar precisamente es que esa decisión no exista, que ni el propietario, ni Telefónica -principal suministrador de negocio a Sintel-, ni el Gobierno tengan preocupación o interés suficiente para desbloquear una situación perfectamente diagnosticada, y los sindicatos tampoco encuentren el punto de flexibilidad necesario para entender que en una situación de crisis empresarial no es posible mantener intacta la plantilla.
Es un fracaso convertir el caso Sintel, enquistado y olvidado en una concurrida avenida madrileña, en una cuestión de orden público y que la única solución visible sea la de desalojar a los acampados. Si finalmente se recurre a la fuerza sin más habrá que preguntarse para qué sirvieron la espectacular cadena de operaciones anteriores, como la venta de la filial de Telefónica al empresario cubano Mas Canosa en 1996, su posterior venta a un grupo de directivos y la entrada final de Carlos Gila, su propietario actual, que la adquirió por dos euros.
