El golpista de Guatemala Ríos Montt pierde su inmunidad parlamentaria

Se les acusa de seis delitos derivados de la alteración de una ley que imponía nuevos gravámenes a la venta de bebidas alcohólicas y gaseosas. De esta manera, el escándalo político más relevante desde el intento de autogolpe del ex presidente Jorge Serrano en 1993 cierra su primer capítulo, marcado por las acciones dilatorias emprendidas por los abogados del viejo general.

Ríos Montt y los congresistas de su partido están acusados de haber alterado la ley que grava la distribución de bebidas alcohólicas, al haber rebajado un 50% las tasas impositivas acordadas por la Asamblea Legislativa. Al estallar el escándalo, los congresistas del partido oficial hicieron desaparecer todas las pruebas que podían implicarlos: las libretas donde se recogía la versión taquigráfica de la sesión fueron tiradas 'accidentalmente' a la basura, y las cintas de vídeo y audio, borradas.

Cuando parecía imposible probar la comisión del delito, una periodista del matutino local Prensa Libre que había grabado y conservado la parte medular de la sesión, puso la cinta a disposición de la justicia, con lo cual todo el montaje del oficialismo se vino abajo. Con la decisión de la corte suprema se cierra el primer capítulo de un proceso que en teoría debería haber llevado solamente tres semanas, pero que la defensa logró estancar durante seis meses. La resolución del máximo tribunal guatemalteco no condena ni absuelve a los 24 diputados riosmontistas, aunque abre el camino para que sean juzgados por seis delitos: falsedad material e ideológica, violación de la Constitución, abuso de autoridad, ocultación y destrucción de evidencias e incumplimiento de deberes.

El presidente del Colegio de Abogados, Mario René Chávez, señala que el camino por recorrer es largo y difícil. 'Ríos Montt, un hombre señalado como autor de gravísimas violaciones a los derechos humanos, tendrá el privilegio de sentarse en el banquillo de los acusados como presidente del Congreso. Y lo hace tras haber violado la Constitución y otras leyes ordinarias del país', puntualizó.

El obispo Mario Ríos Montt, hermano de Efraín y sustituto de Juan Gerardi al frente de la oficina de derechos humanos del arzobispado de Guatemala, se congratuló de la decisión y afirmó que sólo el respeto a la ley puede garantizar el futuro de la democracia en Guatemala. 'Ojalá que se llegue al fondo de todo para que se conozca la verdad de lo ocurrido y que los culpables sean castigados', señaló.

Mientras tanto, abogados de organizaciones de derechos humanos estudian la posibilidad de iniciar demandas relacionadas con los crímenes de lesa humanidad atribuidos a Ríos Montt. En teoría, la acción es posible, aunque los abogados del general argumentan que la pérdida de inmunidad se limita a los delitos que se le atribuyen por su presunta participación en la alteración de la ley sobre bebidas alcohólicas.