La sentencia
Desconozco si los magistrados de la Audiencia Nacional podían prever la que se iba a liar tras la polémica sentencia que resuelve dejar sin efecto la congelación salarial impuesta a los empleados públicos por el Gobierno del PP en 1997. Una avalancha de opiniones se han vertido estas semanas en los medios de comunicación arrojando la impresión que lo de menos parece ser la adecuación a Derecho de los fundamentos de la sentencia y lo que importa es ganar la batalla de la opinión pública. Desde el PP, la consigna parece ser descartar la prudencia para defender sus propios intereses -que no hay que confundir con los intereses nacionales. El propio presidente del Gobierno tildaba la sentencia de 'disparate'. Pero si la resolución fuera tan absurda y disparatada, teniendo en cuenta que los firmantes son profesionales con años de experiencia, la conclusión que se me viene a la cabeza es evidente. Sus señorías han dictado una resolución a sabiendas de que era injusta, un delito llamado prevaricación, y en este caso, los servicios jurídicos del Estado deberían haber interpuesto ya la correspondiente denuncia.
Yo tengo una teoría más simple. La sentencia será discutible, pero no debe ser ni tan absurda, ni tan disparata. Quizá, si los que hubieran congelado a los empleados públicos el salario en 1997 fueran otros, hoy el PP tendría una postura distinta. Y si no, ahí tenemos el ejemplo más diáfano encarnado en el PSOE, hoy firme defensor del funcionario y ayer, imperturbable patrono que congeló el sueldo a aquellos que hoy defiende con ahínco. -
