El Gobierno español bloquea en Bruselas la petición de suplicatorio contra Berlusconi
Fuentes oficiales de la Reper confirmaron anoche que la carta estaba en los archivos de la dependencia española, dirigida desde el verano pasado por el embajador Javier Conde, quien sustituyó a Javier Elorza, hoy embajador en París, el 1 de julio pasado. Conde convocó ayer a varios de sus consejeros para intentar aclarar lo sucedido, en medio de un evidente desconcierto.
La tramitación de la solicitud para levantar la inmunidad a Berlusconi ha seguido 'todo tipo de trámites irregulares' desde su origen, según indicaron ayer en la Eurocámara. De acuerdo con estas fuentes, el camino de tal solicitud debiera haberse iniciado en España con el envío de la misma, por parte de las autoridades judiciales, al Ministerio de Justicia. De este departamento, tendría que haber sido remitido al departamento de Asuntos Exteriores, y de éste a la Reper, que lo hubiera entregado al Parlamento Europeo.
Por el contrario, la presidencia del Tribunal Supremo español lo entregó el 12 de julio en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, cuyo responsable, Fernando Carbajo, la trasladó personalmente en avión hasta Bruselas y la entregó directamente el 17 de julio en el gabinete de la presidenta de la Eurocámara, Nicole Fontaine.
El gabinete de Fontaine, según fuentes del Parlamento, se limitó entonces a enviar la mencionada carta a la representación española, junto con una copia de la documentación judicial entregada por Carbajo. En ningún momento el personal de ese gabinete hizo constar la presencia de esos informes en el Registro oficial de la Secretaría General del Parlamento Europeo, que a su vez lo hubiera puesto en conocimiento de los servicios de la Eurocámara. Como no se hizo así, hasta primera hora de la tarde de ayer ningún departamento oficial de la Cámara europea tuvo constancia alguna de la existencia de tal petición. La noche anterior, e incluso ayer por la mañana, el servicio de prensa del Parlamento Europeo insistió en que no había llegado ninguna solicitud contra Berlusconi. De hecho, en el único registro en el que consta la entrega de esos informes es en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid.
En la Representación Permanente española, a su vez, la noticia publicada ayer por este periódico cogió desprevenidos a los responsables de la misma. Hasta media tarde, ningún alto funcionario español tuvo constancia oficial de la carta remitida desde el Gabinete de Fontaine, hasta que finalmente fue localizada en los archivos tras un par de horas de denodada búsqueda. A partir de ese momento, las gestiones de Javier Conde con el Ministerio español de Exteriores se prolongaron durante horas, mientras mantenía una agitada reunión con varios consejeros.
A primera hora de la noche, ninguna fuente oficial de la Reper había dado aún ninguna versión sobre qué se había hecho con la carta: si había sido enviada al Gobierno español o simplemente había sido archivada. A su vez, en el Parlamento Europeo también se inició ayer una operación de búsqueda de los documentos aportados por Carbajo, que anoche aún no habían aparecido.
Berlusconi, eurodiputado por Forza Italia, está integrado en la Eurocámara en el Partido Popular Europeo (PPE). De acuerdo con las encuestas más recientes, su partido tiene grandes posibilidades de ganar las próximas elecciones italianas y de convertirse de nuevo en primer ministro.
El suplicatorio cursado por el juez Baltasar Garzón el 20 de junio de 2000, solicita la autorización del Parlamento Europeo para proceder contra Silvio Berlusconi, presidente de Finninvest y vicepresidente de Gestevisión Tele 5, y Marcello Dell'Utri, presidente de Publiespaña en el denominado caso Tele 5.
En el suplicatorio, el juez les atribuye una serie de movimientos accionariales para conseguir superar de hecho el límite legal del 25% del capital, entonces establecido, así como una presunto impago de impuestos. Concretamente, Garzón pidió poder dirigir contra ellos la acusación de cuatro delitos contra la Hacienda Pública por el impago de los impuestos de Sociedades y del IVA entre los años 1991 y 1993, por un montante total de 2.341 millones de pesetas, además de otros seis delitos continuados de falsedad en documentos públicos y mercantiles.
