Un año de El Ejido

La entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjeria, el pasado 23 de enero, ha coincidido prácticamente con el primer aniversario del estallido xenófobo en El Ejido. Si fuera cierto que el objetivo de esta ley es facilitar las vías legales de integración del inmigrante, a cambio de la persecución a ultranza de cualquier forma de inmigración irregular, su primer y más urgente banco de pruebas debería ser esa comarca almeriense. Resulta escandaloso que en una parte de España esté vigente, sin que el Gobierno y otras autoridades hagan nada por evitarlo, un auténtico régimen segregacionista contra los inmigrantes que ninguna ley del Estado puede amparar.

El balance no puede ser más desolador un año después de los sucesos lamentables iniciados el 5 de febrero de 2000, tras el homicidio de una mujer a manos de un magrebí perturbado. Por espacio de tres días con sus noches, decenas de vecinos, si no cientos, tomaron parte en una guerra sin cuartel contra los inmigrantes y sus propiedades. Algunos de los acuerdos adoptados entonces sobre indemnizaciones, regularización y actuaciones sociales han sido ignorados o cumplidos a medias. De los agresores nunca más se supo. Pero lo más grave es que aquellos sucesos hayan servido para acentuar una política municipal de segregación social por motivaciones racistas, auspiciada por un alcalde del PP que parece considerar a los inmigrantes como apestados o delincuentes en potencia. Sin el aval de esa política sería impensable que en una localidad española pudiera prohibirse, sin que pase nada, que inmigrantes entren en sus bares. Y sin la amenaza tácita pero elocuente de esa política sería inexplicable que muchos inmigrantes, incluidos sus líderes más representativos, hayan optado por emigrar a otros lugares de España menos inhóspitos.

Éste es el cuadro dibujado en el escenario social de El Ejido al que el Gobierno debe hacer frente si no quiere que su recién estrenada Ley de Extrajería caiga en el descrédito. Es cierto que una ley, incluso la más perfecta, no basta para encauzar el complejo fenómeno migratorio con los problemas que lleva anejos. Ni esta ley ni la anterior, tan desnostada por el Gobierno, han podido evitar que inmigrantes sin papeles sigan intentando el salto del Estrecho y que algunos de ellos mueran en el intento, como les ha sucedido este fin de semana a diez inmigrantes de origen magrebí hallados muertos en la playa gaditana de Bolonia tras naufragar la patera que les transportaba. Pero ninguna Ley de Extranjería puede tolerar que el objetivo de la integración del inmigrante pueda ser sustituido por un vergonzante régimen de apartheid, como ocurre en El Ejido con los miles de inmigrantes que desde hace años contribuyen de forma sustancial al enriquecimiento y bienestar de sus empresas y habitantes.

Una Ley de Extranjería con mayor soporte político y social que la vigente habría dado al Gobierno un mayor margen de maniobra y, desde luego, más autoridad para encarar el complejo fenómeno de la inmigración, no sólo frente al escándalo que representa la situación de El Ejido, sino también frente a otros problemas al menos tan urgentes como dar una salida razonable a la dramática situación de miles de inmigrantes cuya regularización no ha sido rechazada de forma definitiva, pero a los que el Gobierno no quiere regularizar ni se atreve a expulsar y a los que propone el absurdo y costoso arreglo -es el caso de los 20.000 inmigrantes ecuatorianos- de volver a su país con la esperanza de un incierto retorno con los papeles en regla. El Gobierno está desbordado por la situación. La mayoría absoluta no garantiza el acierto, y en un asunto tan delicado es necesario el consenso. Un pacto de Estado como el propuesto por la oposición es necesario para evitar que ese desbordamientro se haga irreversible.