Las pensiones, una cuestión pendiente
Hace seis años, tras una ardua tarea de diferentes personas e instituciones, se generó un debate sobre el sistema público de pensiones que terminó llegando a la opinión pública. La conclusión fue contundente: era necesaria una profunda reforma si se quería garantizar su viabilidad en próximas décadas. Poco después se alcanzó el Pacto de Toledo y, además, se fue consolidando la expansión económica. Hoy la situación parece haber cambiado. El sistema de pensiones contributivas tiene un aparente superávit, por lo que se califica de alarmistas a los que mantienen que el problema subsiste. La consecuencia es una gran confusión en la sociedad sobre el tema.
El superávit actual no se debe a las medidas del Pacto de Toledo, que no han reducido el gasto, sino a circunstancias transitorias, como la desaceleración del número de altas como pensionistas resultado de la caída de la natalidad durante la Guerra Civil. Además, todo el gasto sanitario se financia hoy con otros impuestos y no con cotizaciones sociales, como se hacía antes. Pero, en contra de lo que a veces se defiende, no se debe al fuerte crecimiento del empleo en los últimos años. El peso de las cotizaciones en el PIB no depende de la evolución del empleo ni se ve muy afectado por la fase cíclica de la economía. Y la actual expansión no es una excepción, como muestra la evolución de dicho ratio. Para aumentarlo sería necesario incrementar los tipos efectivos medios de las cotizaciones, pero ello supondría ir en contra de una corriente de opinión muy generalizada que demanda su reducción.
La consecuencia es inmediata. Si se quiere preservar el sistema, debe controlarse el gasto. Y el problema es que la evolución del gasto, a falta de cambios normativos, dependerá de variables demográficas. La esperanza de vida al nacer, que se ha más que duplicado en el siglo XX, seguirá creciendo las próximas décadas, mientras que la tasa de fecundidad, que ha caído hasta 1,2 hijos por mujer, la menor del mundo, aunque aumentará, seguirá lejos del nivel de reposición de 2,1. Por tanto, la posibilidad de que la estructura demográfica mejore sustancialmente en el corto y medio plazo es casi nula, ya que los cambios en sus determinantes, suponiendo que se produzcan, requieren tiempo, y la unidad de tiempo en demografía es más amplia que en economía. Por ello, la única forma de mejorar la estructura de la población en el corto y medio plazo es aumentar la inmigración. Ello requerirá voluntad política y planificación adecuada: será necesario destinar más recursos a sanidad y educación, y aplicar una política selectiva. En resumen, la tasa de dependencia (peso de la población de más de 65 años en la población en edad de trabajar) se sitúa hoy en el 24,3%. Aun en el caso de que la tasa de fecundidad se recuperara hasta 1,5 hijos por mujer y el promedio anual de inmigrantes fuera de 100.000, la tasa de dependencia aumentaría progresivamente hasta cerca del 30% en 2020 y al 56% en 2050. Y ello sin suponer que la esperanza de vida al nacer pueda crecer hasta los niveles que pronostican algunas prestigiosas instituciones. Para que la tasa de dependencia no creciese en las próximas dos décadas se requeriría un aumento de la población en edad de trabajar del 0,9% anual, y ello sólo sería posible mediante la inmigración: se precisaría un promedio de más de 300.000 inmigrantes al año hasta 2020.
Aunque la evolución del mercado de trabajo sea muy favorable, creciendo la tasa de actividad hasta los niveles de los países más desarrollados y reduciéndose la tasa de desempleo hasta el 5%, el perfil de las variables demográficas va a suponer que el peso del gasto en pensiones contributivas sobre el PIB aumente de forma progresiva y continuada desde el 9% actual, lo que sin duda cuestiona la viabilidad del sistema.
Por ello, urge alcanzar acuerdos para tomar medidas que puedan quebrar dicha evolución del gasto. En primer lugar, aumentar el número de años a computar para el cálculo inicial de la pensión, hasta llegar al total de la carrera laboral. En segundo lugar, retrasar la edad de jubilación. Aunque hoy se sitúa en los 65 años, la edad efectiva es de 62, por lo que se debería retrasar en el sector público e incentivar, de momento voluntariamente, en el privado. Una posibilidad es que se congele la pensión obtenida, eliminando el pago de cotizaciones de todo tipo para los trabajadores que sigan en activo. En tercer lugar, debería reducirse o incluso eliminarse la mayor generosidad relativa de los regímenes especiales respecto al general. Y, por último, propiciar el cambio hacia un sistema mixto de pensiones en el futuro, favoreciendo el ahorro a largo plazo.
David Taguas es subdirector del Servicio de Estudios del BBVA.
