El cuento local
Así como el monstruo del Lago Ness es fiel a sus comparecencias agosteñas a fin de remediar la sequía informativa propia de la estación, así el fantasma del pacto local aparece periódicamente en el ámbito de la política institucional para cubrir los vacíos que dejan los deberes reales que no se hacen (reforma del Senado, relaciones entre las autonomías y la UE, colapso del Constitucional, inexistencia de amparo ordinario o falta de leyes de partidos y de asociaciones ). Cuando no se hace lo que hay que hacer se hace uso de recurso al municipalismo retórico, a ese municipalismo de boquilla que en España aparece asociado a las posiciones políticas centralizadoras al menos desde los tiempos de Primo de Rivera. Municipalismo de alcance principalmente literario, que reclama mayores competencias municipales y predica esa expansión, curiosamente, siempre a costa de cualquiera (antes las diputaciones o los entes metropolitanos, ahora las autonomías) excepto a costa de quien acumula mayor poder, competencias, funcionarios y dinero: el gobierno central. Municipalismo literario propio del género que hizo en su día popular a la editorial Calleja.
Hay que reconocer que en los abstractos cielos de la teoría pura la cosa suena bien, porque es verdad que los ciudadanos reclaman a los ayuntamientos servicios que no les tocan, y que estos pueden usar para defender su interés político del poderoso argumento de la proximidad. Que ese hermoso discurso pertenece al dominio de la literatura lo acredita la reciente experiencia de la intermunicipal conservadora: en el mismo lugar y acto en que se elevan poemas líricos al poder municipal el señor Secretario de Estado contra la Emigración ordenaba a sus munícipes no ejercer conforme a la ley una de sus competencias: la de empadronar. Coherencia se llama eso.
Las razones por las que esa profusa literatura municipalista no resulta creíble, en especial a la vista de los hechos, son tres: en primer lugar el discurso municipalista requiere como condición necesaria para su credibilidad una regulación legislativa de la problemática municipal que sea variada y plural, porque variada y plural es la realidad a la que se tiene que aplicar, y que garantice efectivamente la autonomía municipal asignando a los municipios una esfera de competencia propia garantizada, eso comporta tirar a la basura la ley de Régimen Local vigente (que es exactamente lo contrario), y la parte correspondiente de la Ley Electoral, para poner en vigor una legislación autonomista y plural que exige leyes autonómicas de régimen local, porque solo estas pueden dar cuenta de aquella variedad y porque sólo si la competencia en régimen local es autonómica resulta políticamente factible transferir servicios de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento. En segundo lugar para que una transferencia de servicios sea factible con carácter general es indispensable que los municipios tengan el tamaño mínimo necesario y la capacidad administrativa indispensable, lo que es imposible sin acabar con el minifundismo municipal, lo que supone pasar de ocho mil y pico ayuntamientos a una cifra entre los mil doscientos y los dos mil para todo el Estado, como mucho, operación de cirugía mayor que no parece estar en la agenda. Finalmente sería necesario dotar a los municipios de un sistema de financiación que les dé disciplina fiscal y suficiencia financiera, lo que significa vivir de los impuestos propios y no de la teta del Estado, cosa de la que los munícipes no quieren ni oir hablar, habituados como están a que papá Estado acabe por asumir los déficits locales. Nada de eso está en la agenda por lo que, no dándose los presupuestos difícilmente pueden darse los resultados.
Como no me parece razonable suponer que los responsables políticos correspondientes sean tan ignaros como para desconocer todas y cada una de las lagunas señaladas, no parece apurado señalar que nos encontramos ante propuestas políticas de carácter primariamente demostrativo. Como una exhibición directa de buenas intenciones que posibilita, mediante el uso de un lenguaje políticamente correcto, dar a entender a los responsables autonómicos que su poder puede verse mermado mediante una sabia combinación de insurrección de las bases y presión gubernamental si ponen más obstáculos de los debidos a la coordinación gubernamental o a las propuestas de Hacienda sobre la consolidación fiscal, el déficit cero y la negociación del nuevo sistema de financiación. La técnica de usar la siempre dilatada transferencia municipal como mecanismo de presión cerca de los barones regionales con pretensiones de autonomía ya fue patentada por el PSOE en su día. Por lo que parece habría que darle de nuevo la razón al viejo D. Carlos : cuando la historia se repite lo hace en clave en comedia.
Sólo falta una propuesta de modificación de la elección municipal según la que la minoría más votada obtenga la mayoría absoluta en la corporación, al efecto de hacer innecesarios los desagradables acuerdos con las indeseables minorías en el caso de que los electores comentan el error de no darnos directamente la absoluta para el cuento local sea completo. Lo malo es que un cuento deja-vu, que acredita la escasa imaginación del literato correspondiente. Alguien tendría que ir buscando otro cuento y otro cuentista. Laus Deo.
Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU
