El Gobierno decidirá si recurre tras estudiar 'con detalle' el auto
El portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, aseguró ayer que el Ejecutivo esperará a estudiar 'con detalle' el auto del Supremo sobre el indulto al ex juez Gómez de Liaño, enviado ayer al Ministerio de Justicia, antes de decidir si plantea un recurso de conflicto de competencias. El portavoz adelantó que el Gabinete actuará 'desde la defensa de las prerrogativas propias'.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cabanillas anunció que el Gobierno no tardará mucho en tomar la decisión. 'Sería razonable', dijo, 'darnos el tiempo que se ha demorado el traslado del auto, pero creo que estará bastante antes'.
El secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE, Juan Fernando Lopez Aguilar, manifestó que el auto de la Sala Segunda del Supremo 'desactiva' la posibilidad, esgrimida por el Gobierno, de plantear un conflicto de jurisdicción. Y consideró una 'comparación inadmisible' que el voto particular de seis magistrados defienda el mismo trato para Gómez de Liaño que para el ex ministro socialista José Barrionuevo, ya que en el caso de éste la Sala recomendó por unanimidad el indulto. El diputado socialista Diego Lopez Garrido advirtió que si el Gobierno insiste en 'forzar la máquina' se encontrará con un conflicto en el Tribunal Constitucional con el Consejo del Poder Judicial.
El caso de Barrionuevo
Barrionuevo declaró ayer que su caso no guarda ningún parecido con el de Liaño, entre otras cosas porque él perdió la condición de diputado y sigue sufriendo la inhabilitación, que le impide presentarse a elecciones, votar y desempeñar un cargo público.
El secretario general del PP, Javier Arenas, se felicitó de que 'por fin' se haya conocido el auto del Supremo y aprovechó para decirle al líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que hace mal en oponerse al conflicto de jurisdicción que planea el Gobierno 'si Por el contrario, Montserrat Comas, de Jueces para la Democracia, subrayó que corresponde al Supremo 'decidir qué parte del acuerdo del Gobierno puede aplicar porque está sujeta a los preceptos de la Ley de Indulto y qué parte no puede aplicarse por ser contraria a las normas de la mencionada ley'.
Adrián Salazar, de la Unión Progresista de Fiscales, defendió que el Gobierno 'se extralimitó en su resolución al determinar el ingreso
