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Columna
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Gobierno, gobernanza y responsabilidad

Los acontecimientos de las últimas semanas han puesto sordina al ya tradicional triunfalismo del Gobierno. Y no es poca la leña que comienza a recibir por el caos en el que, casi de un día para otro, nos hemos encontrado. La imagen que se nos ha vendido de una España bien lubrificada mediante un eficaz liderazgo político y administrativo se torna en la más familiar de la chapuza y la improvisación. Algo chirría en los engranajes del poder. El Gobierno poco a poco comienza a parecerse a esa vaca que está comenzando a labrar su ruina: cada día tiene menos partes saludables. O, si se quiere, ya no es ese jugoso solomillo que aparentaba ser para parecerse cada vez más a los huesos del caldo de la ministra Villalobos.

Sin embargo, y con los matices que luego veremos, no creo que quepa imputar al Gobierno una clara responsabilidad por esta situación. Al menos por lo que más espectacularmente está contribuyendo a erosionar su imagen, el caso de las vacas locas y en cierto modo también el del uranio empobrecido. Son cuestiones que han sacado a la luz muchos vicios o deficiencias latentes de esta sociedad del bienestar en la que creíamos vivir. De repente nos encontramos con que todo el entramado dirigido a sostenerla tiene los pies de barro. California, la región del mundo más avanzada tecnológicamente, se está encontrando con que no puede garantizar el fluido eléctrico; en Europa, la todopoderosa ciencia contemporánea es todavía incapaz de ofrecernos plenas garantías sobre la salubridad de toda la cadena alimenticia; y, aunque pudiera, dudamos de que los gestores políticos sepan cómo asegurarla. Por otra parte, no parece que haya resultado tan sencillo librar una guerra sin víctimas propias, limpia.

Como puede verse, eso de gobernar ya no es tan fácil. La política tiene auténticas dificultades para controlar por sí misma ese conjunto de procesos sociales que está llamada a disciplinar y se ve abocada a entrar en una complicada gestión de las dependencias y conexiones mutuas entre diferentes administraciones e intereses sociales. Por seguir con el ejemplo de las vacas locas, todas las administraciones públicas, desde la UE hasta el municipio más pequeño, están implicadas en alguna deficiencia, pero también las organizaciones ganaderas y muchos productores particulares. La mayoría de los fines sociales no se dejan domar ya por los medios tradicionales y es necesario reajustar la acción del Gobierno a estas nuevas circunstancias. En su último Dardo en la palabra, F. Lázaro Carreter nos propone que utilicemos la palabra gobernanza para referirnos a esta nueva forma de ejercicio del poder en las sociedades complejas; otros preferimos el de gobernación.

En todo caso, el problema que suscita no es terminológico sino sustancial. Tiene mucho que ver con la exigencia y la asunción de responsabilidades. Si antes esta complejidad creciente ha sido responsable de una indudable desideologización, ahora amenaza con revertir también sobre el tema de la responsabilidad de los políticos por su gestión. Y aquí es donde es necesario hilar muy fino y dar a cada cual lo suyo. Es evidente que el Gobierno no es responsable del problema de las vacas locas, que está presente en casi toda Europa. Pero no me cabe duda alguna de que sí ha manifestado una torpe capacidad de reacción frente a un fenómeno que debería haber sido abordado de una manera más fría y eficaz. ¿Por qué, por ejemplo, ha habido que esperar tanto a la constitución de una imprescindible comisión interministerial? ¿A qué se debe toda esa errática política informativa? ¿Por qué esa inicial atribución de responsabilidad casi exclusiva a las comunidades autónomas? Es en estas situaciones de crisis cuando las sociedades necesitan saber que alguien está al mando. El Gobierno, etimológicamente incluso, es el timonel de la nave del Estado y debe saber llevarla a puerto. Ya sabemos que no es culpa suya que el mar esté embravecido.

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Sobre la firma

Fernando Vallespín
Es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

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