Los directores de instituto debatirán en asamblea sus quejas respecto al Gobierno
Los directores de instituto están que trinan. Los portavoces de zona acordaron, en una reunión que mantuvieron ayer, convocar a los casi 300 miembros de este colectivo a una asamblea el próximo 7 de febrero ante el malestar con el Gobierno regional. Se trata de una medida nada frecuente. La última vez que se organizó un encuentro semejante fue en abril de 1998 -un año y dos meses antes del traspaso de competencias de educación- para pedir la dimisión de José Antonio Palacios, el entonces director provincial de Educación y ahora jefe de la Inspección.
'Entonces se nos ninguneaba sistemáticamente. Ahora, aunque las relaciones con la Consejería de Educación son muy fluidas, creemos que las competencias han superado las estructuras económicas y administrativas del Gobierno regional', manifestó José Antonio Martínez, director del instituto Pío Baroja. Y es que, según explicaron, aunque el pasado 28 de diciembre los centros recibieron parte del dinero que se les adeudaba desde junio para poner en marcha ciclos formativos, programas de adaptación, aulas de compensatoria y obras, el Gobierno todavía les debe cantidades por los mismos conceptos.
'Tampoco tenemos la famosa partida que íbamos a recibir por el aumento del precio del gasóleo [100 millones de pesetas que aprobó el viceconsejero de Educación el pasado 24 de noviembre]', dijo Luis Abad, director del Pablo Picasso en Pinto. 'Tenemos constancia de que Educación da la orden para librar el dinero, pero Hacienda es quien manda', afirmó Martínez.
Pero el retraso, aseguran los directores, no afecta exclusivamente a los fondos, sino también a los procedimientos legislativos. Así, según explicó Juan García de la Mota, director del Vallecas Magerit, la normativa legal se aprueba con retraso. 'Los tiempos de la Administración no son los mismos que los de los centros educativos', sentenció.Tres ejemplos: la reforma del bachillerato, que aumenta las horas de filosofía para el presente curso, se inició en julio pasado, cuando ya estaba cerrada la planificación de los institutos; además, hasta septiembre no se aprobaron los cupos de profesores para compensatoria; por último, los centros recibieron las instrucciones para el funcionamiento de las elecciones a los consejos escolares cuando ya habían iniciado el procedimiento.
'Las expectativas previstas con la descentralización se han visto frustradas', comentó Eugenio García de Aranda, director del instituto La Fortuna de Leganés. No es la primera vez que el Gobierno regional escucha esta crítica de los directores. El pasado marzo la comisión que les representa envió una carta al consejero, Gustavo Villapalos, denunciando que las competencias habían supuesto 'un franco retroceso'. Un día después, el entonces viceconsejero, Francisco López Rupérez, fue destituido.
