La Comunidad vacía en dos días un centro de niños tutelados para convertirlo en reformatorio

La residencia San Vicente, situada en la Ciudad Escolar, en el kilómetro 12 de la carretera de Colmenar Viejo, se ha convertido en los dos últimos días en un hervidero. Decenas de obreros instalan rejas en las ventanas, tiran tabiques y refuerzan las paredes con redes metálicas para convertir este centro de jóvenes desamparados en un reformatorio donde menores de 18 años autores de delitos graves cumplan las medidas judiciales en régimen cerrado. La Comunidad declinó ayer ofrecer información alguna sobre la transformación de la residencia San Vicente en un reformatorio.

La empresa privada que gestionará el servicio está también entrevistando en estos días al personal que necesita contratar. En Madrid existen ahora tres centros de reforma, el Altamira (semiabierto), El Madroño y el Renasco, que entre los tres suman 47 plazas. Ninguno de ellos está gestionado por empresas privadas. Donde sí existe gestión privada es en la red de acogida para menores tutelados, ya que existen pisos y residencias gestionadas por ONG y también por alguna entidad con ánimo de lucro.

Ana González, secretaria de Política Social de CC OO en Madrid, critica la 'precipitación' de la Comunidad. 'El Gobierno de Ruiz-Gallardón ha tenido un año para abrir los centros de reforma que necesita con la entrada en vigor de la nueva Ley Penal del Menor y ahora actúa de prisa y corriendo, vulnerando los derechos de 75 trabajadores y 40 menores', se queja González.

Alberto Sánchez, responsable de UGT en el Instituto del Menor y la Familia (IMMF) de la Comunidad, explica que hasta el día 2 la Comunidad no informó a los trabajadores de sus planes de convertir la residencia San Vicente en un centro de reforma. 'Es el colmo de la improvisación por parte del Instituto', asegura.

A CC OO y UGT también les alarma que la gestión de este reformatorio se deje en manos de una empresa privada. 'Es como si fuera un ensayo de una futura privatización de las prisiones', asegura Sánchez. González considera que un asunto 'tan sensible' como la atención de los menores no puede estar en manos privadas porque repercutirá en la calidad del servicio, ya que normalmente pagan menos a sus trabajadores'.

'Ley inaplicable'

La aplicación en Madrid de la Ley del Menor, que eleva a 18 años la edad mínima para que una persona sea encarcelada, puede resultar un caos. Cuando sólo faltan ocho días para que entre en vigor, la falta de fiscales, de jueces e incluso de centros en los que internar o tratar las deficiencias psíquicas de los jóvenes de entre 16 y 18 años que hoy están en las cárceles o en libertad condicional hará 'inaplicable' esta ley, al menos en el inicio de su vigencia, según denuncia el fiscal jefe del Tribunal Superior, Mariano Fernández Bermejo. La fiscalía 'baraja que en Madrid hay unos 800 menores penados (ya juzgados) y una treintena de preventivos (a la espera de juicio)'.

Para acomodar la situación de los jóvenes penados a la nueva ley hay dos meses de plazo. Parte de esos 800 jóvenes (aún no se dispone de la cifra exacta) no están entre rejas, sino en libertad condicional. La fiscalía está a la espera de cotejar sus datos con los de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para conocer la situación de todos estos internos menores y pronunciarse sobre si deben quedar en libertad o cumplir el resto de sus castigos en un reformatorio. Sin embargo, sólo dispone hasta el próximo 15 para legalizar la situación de la treinta de preventivos que serán excarcelados el día 13 por imperativo legal.

Como la mayoría de ellos ha cometido delitos muy graves (por eso se hallan en prisión), el problema que se plantea la fiscalía es qué hacer con ellos, en qué centros de protección o reformatorios internarlos. Los tres centros de este tipo que existen en Madrid (El Madroño, el Renasco y Altamira, todos ellos dependientes de la Comunidad de Madrid), están prácticamente saturados. 'La Administración dice que sí habrá plazas suficientes; pero eso no es verdad; como no instalen literas en los que ya hay, no sé dónde los van a meter', enfatiza Fernández Bermejo. 'Dicen que van a habilitar la Ciudad Escolar que está en la carretera de Colmenar Viejo, pero la ley entra en vigor el día 13 y las obras acaban de empezar', añade el fiscal jefe.

Fernández Bermejo refuta las declaraciones del director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes, quien ha negado que exista falta de medios para aplicar la nueva Ley del Menor. 'Sí hay falta de medios', reitera Fernández Bermejo. 'Cuando la Administración dice que hay medios, lo que quiere decir es que los va a crear, no sé cuando, pero lo cierto es que aún no existen'.