Mucho ruido y una sola nuez

En técnica de comunicación se llama "ruido" a los elementos ajenos a la información que se pretende transmitir, de forma que ésta resulte incomprensible para quien la recibe. Cuando el tema de que se trata es complejo y pertenece a un ámbito especializado, es mucho más fácil introducir "ruido", porque basta con suprimir algún eslabón de la cadena de hechos o con introducir un concepto erróneo para que la información esté sesgada y el receptor no pueda formarse una opinión propia y fundamentada. La regulación de las entidades bancarias y, en concreto, de las cajas de ahorro, tiene ese carácter complejo y especializado. Es, además, un tema políticamente sensible porque afecta al reparto de competencias entre las administraciones central y autonómicas y a la definición del papel de las entidades públicas en la vida económica. Tanto es así, que la elaboración de una Ley de Cajas de Ahorros en Asturias ha sido el detonante de una crisis interna del partido socialista, que se resolvió con un acuerdo propiciado por la nueva dirección federal a primeros de agosto, y de una situación de crispación política, promovida por el Partido Popular, que sigue una senda ascendente de acusaciones, descalificaciones y desvaríos. Hasta el pasado 3 de agosto he sido consejera de Hacienda, independiente, en el Gobierno socialista de Asturias, y la Caja de Ahorros era una de las competencias de mi departamento. Por eso creo que puede ser útil expresar públicamente mi opinión sobre el tema.En Asturias hay una caja de ahorros, de origen enteramente público porque fue fundada por el Ayuntamiento de Gijón y la Diputación Provincial (hoy sustituida por la comunidad autónoma). En julio de este año, el Parlamento asturiano aprobó una Ley de Cajas de Ahorro cuya gestación y adopción se vieron empañados por el conflicto político interno de la Federación Socialista Asturiana (FSA). El texto sometido al Parlamento fue presentado por el grupo parlamentario socialista contra el criterio del Gobierno, también socialista, que reclamaba para sí la iniciativa legislativa en un tema tan importante para una comunidad autónoma como Asturias, donde Cajastur es la primera entidad financiera. El Gobierno había llegado en el mes de febrero a un acuerdo sobre el contenido de la ley con los grupos parlamentarios socialista y de Izquierda Unida. La ruptura de ese acuerdo por parte del grupo socialista, al presentar un texto pactado con el Partido Popular y ajeno al consenso de febrero, condujo a la división del grupo parlamentarío socialista al votar a favor de la ley solamente los diputados socialistas de obediencia villista (José Angel Fernández Villa es un dirigente sindical que controla la mayoría en el PSOE de Asturias), ausentándose de la votación los parlamentarios socialistas de la corriente renovadora. Las diferencias entre villistas y renovadores dentro del socialismo asturiano vienen de antiguo, pero se han visto agudizadas desde que Areces, ligado a los renovadores, llegó a la presidencia del Gobierno regional tras ganar las elecciones autonómicas de 1999 por mayoría absoluta, después de hacer una campaña electoral muy directa y apoyado por una plataforma ciudadana variopinta, en la que convivían militantes socialistas con sectores progresistas ajenos al partido. Areces formó un Gobierno en el que los independientes ocupábamos la cartera de Hacienda, de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, de Medio Ambiente y de Trabajo, lo que no hizo más que aumentar las suspicacias de los sectores más intransigentes del partido. Así todo, ésta es la primera vez que las discrepancias internas se trasladan a los medios de comunicación, dando lugar a una labor de descalificación por parte de los parlamentarios villistas más radicales hacia el presidente Areces, que ha sido retomada con entusiasmo por el Partido Popular.

El Partido Popular había ganado las elecciones autonómicas en 1995, lo que fue presentado como un gran triunfo al arrebatar a los socialistas un bastión tradicional de la izquierda. Dos años después, el PP se escindía a causa de las desavenencias personales y familiares entre el presidente regional y el entonces vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos. Y en 1999 sufrió un verdadero descalabro en las elecciones autonómicas y locales. Desde entonces, el PP no ha conseguido ni la estabilidad interna ni encontrar un líder indiscutido en sus propias filas. Aunque mejoró notablemente sus resultados electorales en las elecciones generales de este año, la derrota en las autonómicas y las locales ha llevado a los responsables del aparato popular a una carrera desenfrenada por obtener protagonismo personal y a utilizar cualquier medio para intentar consolidar la división de los socialistas y minar a su Gobierno, habiéndose convertido en los paladines de ese estilo arrogante y autoritario del que tanto trabajo le está costando desprenderse al PP a nivel nacional. El asunto estrella del PP contra el Gobierno socialista es Cajastur. Las razones son obvias: es objeto de diferencias políticas entre los socialistas asturianos y, además, cualquier tema que suene a mundo financiero, a dinero y a amiguismo es especialmente sensible para las bases socialistas, deseosas de romper cuanto antes con un pasado que les ha traído tantos sinsabores.

Pero el Partido Popular no puede defender políticamente su posición sobre la Ley de Cajas porque, al apoyarlo, ha entrado en contradicción directa con sus promesas electorales. La ley relega al Ayuntamiento de Gijón en Cajastur al limitar sus derechos como fundador, y Gijón es, dentro del Partido Popular, el feudo de Álvarez Cascos y el origen de su poder en Asturias. La militancia del PP de Gijón tiene a gala su gijonismo y el que el Partido Popular en el Ayuntamiento haya votado en contra del recurso que contra la ley va a interponer la Corporación municipal ha sido un sapo muy difícil de tragar para los dirigentes locales. Por eso están orquestando una campaña de distracción en la que, sin el más mínimo escrúpulo, se nos acusa al presidente del Gobierno regional y a mí misma de todo tipo de desmanes: haber auspiciado un tratamiento de favor a un grupo empresarial por parte de Cajastur, haber levantado un embargo por una deuda tributaria a ese mismo grupo y tratar de impedir la aplicación de la Ley de Cajas que aprobó el Parlamento. Como no puede ser de otra forma, si se trata de utilizar técnicas de propaganda, sus datos siempre son la mitad de la realidad. El grupo empresarial supuestamente tratado con favoritismo por Areces tenía créditos impagados con Cajastur y Cajaespaña y llegó a un acuerdo con ambas cajas para saldar sus deudas; Cajaespaña es una de las cajas de Castílla y León, donde quien gobierna es el presidente Lucas, del Partido Popular; si realmente hubo un trato de favor hubo de ser por ambas cajas y los dos presidentes deberían estar involucrados en la misma medida. En Castilla y León el tema no ha tenido ninguna relevancia pública, que es lo normal porque pertenece a la vida cotidiana de las entidades financieras. El levantamiento de embargo tenía que ver con el pago de tributos locales y estaba ligado al pago de una deuda tributaria; la deuda se pagó con sus correspondientes intereses y no hubo ni condonación ni trato de favor. Y, en fin, la Ley de Cajas ha entrado en vigor y sus órganos de dirección están constituidos.

Este último episodio, el nombramiento del presidente de Cajastur, se vivió en Asturias con una tensión política y pública enorme y se saldó con la reposición en el cargo, a propuesta de los villistas, de quien había sido destutuido por el Gobierno regional. La intervención de la nueva ejecutiva federal, los días previos a su designación, no consiguió que se impusiera una persona de consenso. El pacto interno al que los socialistas llegaron el mismo día en que se produjo este nombramiento no fue, en mi opinión de miembro independiente del Gobierno, satisfactorio, y por esa razón presenté mi dimisión como consejera de Hacienda. Cuando alguien asume una responsabilidad de gobierno desde fuera de una estructura de partido no tiene más legitimidad para ejercerla que la lealtad a sus convicciones y su entusiasmo por lo que hace; seguir en el cargo sin ellas sería convertirse en lo que Unamuno llamaba "usurero de la política". El Partido Popular de Asturias sabe mucho de eso, igual que conoce perfectamente la normativa vigente en materia de cajas de ahorro y sabe que la Consejería de Hacienda se ha atenído a ella escrupulosamente. ¿Por qué, entonces, tanto escándalo, tal lluvia de acusaciones? Porque necesitan hacer "ruido" y no tienen más que una nuez: la manipulación de la imagen y los asuntos de Cajastur con el fin de minar al Gobierno socialista de Asturias. En los socialistas recae la responsabilidad de no poner más nueces en el cesto.

Elena Carantoña es ex consejera de Hacienda de Asturias.