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Tribuna:
Tribuna
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¿Mejor callar?

Las polémicas en letras de molde sobre cuestiones de seguridad son inconvenientes. Pero la carta del señor Mikel Buesa en torno al hallazgo en manos de un comando de ETA de un carrete de fotografías tomadas a su hermano en el Parlamento vasco me obliga a ofrecer informaciones que considero relevantes. Es obvio que el carrete objeto de su escrito fue tomado por un colaborador de ETA, pero también es obvio que la persona en cuestión pertenece al aparato que se conoce como legal, carece sin duda de antecedentes penales, dispone de una actividad civil ordinaria y puede, como entró en el Parlamento en condición de invitado o periodista, seguir haciéndolo en cualquier otra institución. Para lo que sí están preparados los equipos técnicos y humanos que se ocupan de la seguridad del Parlamento es para controlar la identidad y actividades de todas las personas que se mueven por esta sede y sus alrededores. En la larga relación de visitantes e informadores que se guarda en nuestros archivos figura, sin duda, el autor de las citadas fotos. Lástima que además de todo esto se necesiten unas mínimas dosis de lealtad para poder cumplir su cometido con plena eficacia. El pasado 15 de agosto, a través de un despacho de agencia, ocho meses después de que el carrete fuese encontrado en manos de un comando de ETA, tuvimos la primera, extraoficial y única noticia de la existencia de estas fotos.Si se hubiese obrado con sensatez, lealtad y coordinación, quienes hallaron la película deberían haberla revelado de inmediato y, visto su contenido, entregado al cuerpo responsable de la seguridad del Parlamento. Con ese material, y recurriendo a las grabaciones ininterrumpidas que realizan las cámaras instaladas en su interior, si el material era reciente, se habría esclarecido la identidad del autor. Quién sabe si a través de esta pista se hubiesen podido abrir líneas de investigación que permitiesen desmantelar alguna estructura criminal y frustrar algunos atentados que nos han sacudido este verano. Una evidencia de este peso hubiese llevado, además, a redoblar las precauciones en torno al propio Fernando Buesa. Lamentablemente nada de esto se hizo y los plazos que exige la ley de videovigilancia para destruir las grabaciones no utilizadas para investigaciones concretas, un mes, dificultan extraordinariamente averiguar cómo y quién tomó estas fotografías.

Dejo a juicio del lector la correspondiente valoración, pero ofrezco algunos datos que añaden significado a este episodio. Es inevitable relacionarlos con las declaraciones efectuadas el pasado 9 de junio por el Delegado del Gobierno en esta comunidad, reconociendo y justificando que se oculta información a la Ertzaintza por una supuesta colaboración entre el Gobierno vasco y ETA, palabras que justificaron una merecida querella criminal.

La secuencia se abre el 21 de diciembre, cuando varios diarios publicaban una información de la agencia Vasco Press sobre presuntas vigilancias efectuadas por activistas de ETA de la sede parlamentaria y movimientos de sus miembros. El dato procedía, al parecer, de documentación incautada a Belén González Peñalva, detenida en Francia el 26 de octubre de 1999. Tras comprobar que tales datos, dos meses después de encontrados, no obraban en poder del Departamento de Interior del Gobierno vasco, yo mismo promoví un pronunciamiento de la Mesa para exigir al Ministerio de Interior toda la documentación disponible. Días después se recibieron los mismos datos que habían aparecido en la prensa. El día 23 de diciembre la Guardia Civil desarticuló el zulo que utilizaba el comando Basurde en Amezaga, en las proximidades de Vitoria, tras la intercepción de dos furgonetas cargadas de explosivos en Zaragoza. El 3 de enero de 2000 la Policía Nacional detuvo a varios colaboradores del comando Bizkaia. En ambos casos, días después aparecieron en los medios informaciones sobre los presuntos objetivos. Ni los responsables de la seguridad de esta sede, ni los escoltas de Buesa, ni el Departamento de Interior recibieron entonces noticias como las que aparecerían en las siguientes semanas y meses en los medios de comunicación.

En efecto. El pasado 22 de febrero ETA asesinó a Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díez. Dos días después, el 24 de febrero el diario Abc desvelaba que la jefa del comando Basurde tenía "una fotografía de Buesa y todos sus itinerarios". La noticia fue aprovechada además para criticar a la policía vasca por no extremar, dadas las evidencias, las medidas de seguridad sobre el líder socialista. Se abrió entonces una polémica sobre el trasvase de información entre cuerpos policiales que tuvo su punto culminante en una comparecencia del Ministro del Interior en el Congreso. El 31 de mayo, en sede parlamentaria, Jaime Mayor Oreja aseguró, después de acusar al parlamentario que le preguntaba de "colaborar con la estrategia de ETA", que el comando Basurde no disponía de información elaborada sobre el político alavés y que la encontrada en manos de la banda antes del atentado procedía de "fuentes públicas". Quizá el ministro considera que las rutas por las que transita un ciudadano o un carrete de fotos tomado en el Parlamento vasco se han obtenido en fuentes abiertas. De lo contrario había que presumir que ocultó la existencia de estas fotografías, que considera que la lista de rutas de un posible objetivo en poder de un comando ni es una información elaborada, ni merece ser comunicada de inmediato a los responsables de la escolta de esa persona o que afirma que las crónicas de Abc sobre el caso son completamente falsas.

Hoy, 28 de agosto, leo la carta de don Mikel Buesa y, tras aguantar durante unos años en silencio otros episodios como el comentado, preparo una contestación. Al lector le parecerá increíble, pero tanto la Ertzaintza como yo, 13 días después de recibir por la prensa la primera noticia sobre tan incómodo documento, que "ha pasado por los medios sin apenas suscitar reacciones de relieve" como apunta el hermano de Fernando, seguimos sin tener una sola de esas fotografías y nadie se ha preocupado oficialmente de confirmar o desmentir su existencia. Quedo a disposición de don Mikel Buesa para ampliarle personalmente, me resulta difícil utilizar el verbo explicar, cuantos otros extremos considere oportunos en torno al asunto.

Juan María Atutxa, ex consejero de Interior, es presidente del Parlamento vasco.

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