España cumple 20 años de libertad religiosa con duras críticas de las confesiones minoritarias
Protestantes, musulmanes y judíos acusan al Gobierno de discriminarles en favor de los católicos
Marcha del cangrejo en laicidad o confesionalidad católica encubierta. La proclamación legislativa de la libertad religiosa cumple 20 años en España con más sombras que luces. Las religiones de notorio arraigo (protestantismo, islamismo y judaísmo) afirman que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 no se ha desarrollado adecuadamente, y expertos en derecho eclesiástico creen que el proceso de laicidad iniciado hace dos décadas no sólo se ha parado, sino que está dando pasos hacia atrás. Un millón de españoles practican una religión distinta a la católica. Financiación pública, enseñanza de la religión en las escuelas y atención de fieles en hospitales, cuarteles o cárceles son algunas de las discriminaciones denunciadas.
Las finanzas católicas
Las confesiones minoritarias acusan al Estado de no ser neutral. "Me parece que en España opera una doble normativa sobre libertad religiosa, que impide la igualdad. No es solamente que debamos ir hacia una completa laicidad del Estado, sino que es necesario evitar una confesionalidad encubierta y conseguir un auténtico estatuto común de todas las confesiones", dice Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). En España hay 350.000 protestantes, agrupados en 747 entidades con 1.900 congregaciones locales y 2.000 pastores o ministros de culto, de los que 100 son mujeres.El portavoz de la FEREDE, Pedro Tarquis, considera que el tratamiento constitucional de las creencias religiosas y su desarrollo en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) son "vanguardistas y ejemplares". Pero cree que las normas que han desarrollado esa legislación, en vez de consolidar la igualdad, "han provocado una vuelta al pasado", estableciendo en la práctica "un estatuto jurídico especial para la Iglesia católica, de modo que la LOLR le es de aplicación sólo en sus derechos".
El Gobierno del PP garantiza desde este año a la Iglesia católica una dotación anual, vía impuestos, de 21.000 millones de pesetas para el sostenimiento de su burocracia diocesana (67 diócesis, el arzobispado castrense y unas 22.500 parroquias). Además, el Estado paga los salarios de 13.000 profesores de religión católica habilitados cada año por los obispos, más otros 3.700 millones anuales para el sostenimiento de la asistencia católica en la red pública hospitalaria (300 capellanes), cuarteles del ejército (500) y cárceles, además de para actuaciones de conservación del patrimonio eclesiástico. Las subvenciones del Estado a los centros docentes de la Iglesia superan ya los 171.000 millones. En definitiva, la Iglesia católica española, en particular la burocracia y clero diocesano, dependen casi al cien por cien de la contribución pública a través de un sistema denominado de asignación tributaria, según Antonio Gómez Movellán, consejero técnico de asuntos religiosos en el Ministerio de Justicia y autor del informe La Iglesia católica y otras religiones en la España de hoy.Esas cantidades de dinero, salidas de los presupuestos del Estado exclusivamente para las arcas de la Iglesia católica y sus organizaciones, hacen clamar a las otras religiones, marginadas de hecho, y sirven a los expertos para concluir que no existe "una neutralidad confesional del Estado". El portavoz protestante lo expresa con mayor dureza. "En materia religiosa se está incumpliendo la Constitución de manera descarada", dice.
Tan críticos como los protestantes, los musulmanes españoles, unos 400.000 según la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), también consideran que la LOLR fue "un paso muy importante para la consagración de un modelo de sociedad basado en la aconfesionalidad del Estado y en la cooperación de éste con las distintas confesiones". Pero sienten que "esas expectativas se han visto defraudadas". "Los acuerdos con las distintas confesiones, y en especial la islámica, no se han visto desarrollados prácticamente en ningún asunto", asegura Luis José Fernández Ordóñez, portavoz de la FEERI.
Aparte de otros aspectos de discriminación y conflicto, referidos al Estado, el portavoz musulmán coloca sobre la mesa el más escandaloso: el económico. "El desarrollo de los acuerdos requería una financiación, por parte del Estado, proporcional a la asignada a la Iglesia católica. Sin embargo, las demás confesiones no reciben cantidad alguna, lo cual supone ya de por sí un impedimento muy importante para desarrollar el acuerdo".
Otra señal del "muy claro desinterés del Gobierno en el desarrollo de la libertad religiosa", según el musulmán Fernández Ordóñez, es la enseñanza de esas religiones en las escuelas, paralizada por detalles administrativos "fácilmente subsanables", o la falta de convenios para la atención a sus fieles en hospitales, cuarteles o centros penitenciarios, sencillamente "congelados por el Gobierno".
Por último, las religiones no católicas de notorio arraigo señalan como síntoma de la no laicidad del Estado español, el comportamiento de los medios de comunicación de titularidad estatal, en los que son ignoradas "sin contemplaciones", en tanto que la católica dispone de medios y programas propios como si fuera, en la realidad, una religión de Estado. Los musulmanes creen que ese proceder no sólo es discriminatorio desde el punto de vista religioso, sino que desperdicia "una oportunidad cultural de oro para aumentar el entendimiento de la sociedad".
