El debate del superávit
Un nuevo debate se expande por una parte del mundo desarrollado: qué hacer con el exceso de ingresos públicos. Muchos años de ajuste fiscal y de rigor presupuestario, más la coyuntura de crecimiento económico, han cambiado el signo de las finanzas públicas: se ha pasado de una situación de déficit (se gastaba más de lo que se ingresaba) al equilibrio presupuestario e incluso al superávit. En España, el cuadro macroeconómico se ha revisado y se prevé un déficit público del 0,4%. Pero, de hecho, ya se está en una posición de superávit primario (eliminando los intereses de la deuda).El presidente del Gobierno acaba de hacer unas declaraciones a Financial Times en las que se manifiesta "obsesionado por conseguir el equilibrio presupuestario", hasta el punto de afirmar que es el único asunto sobre el que no va a tolerar "discusión alguna" en el Consejo de Ministros. Rara obsesión la de centrarse en el instrumento, y no sobre la utilización adecuada de las finanzas públicas. No serviría de mucho el equilibrio presupuestario, o el superávit, si al mismo tiempo revientan las costuras del Estado; lo importante para los ciudadanos es que funcione la sanidad y no haya listas de espera; que la justicia no sea lenta; que la educación sea magnífica; que los funcionarios estén motivados; que el nivel de infraestructuras sea óptimo, o que la presión fiscal sea progresiva o no agobiante. Distinto de lo que sucede en España.
En otros países que ya están sobrados en sus cuentas públicas -por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, etcétera-, la polémica pública se desarrolla sobre las finalidades de los ingresos excedentes: ¿apuntalar el Estado de bienestar; esto es, beneficiar a todos los ciudadanos? ¿Limitar la deuda pública; es decir, mitigar las dificultades de las próximas generaciones? ¿Reducir los impuestos, lo que significa mejorar a los contribuyentes? En Estados Unidos, los últimos cálculos del Congreso duplican el superávit previsto: en los próximos 10 años será, al menos, de 2,2 billones de dólares (385 billones de pesetas). Y este asunto está en el centro de la campaña presidencial. En un Estado como el de California, el más potente de Estados Unidos, el gobernador ha planteado devolver dinero a los contribuyentes (una media de 150 dólares, unas 27.000 pesetas, después de tener un superávit del ejercicio fiscal cerrado de 13.000 millones de dólares, equivalente a 2,4 billones de pesetas).
En el Reino Unido, consciente Blair de la enorme caída de su popularidad, ya ha anunciado un plan de inversiones públicas de más de 11 billones de pesetas. Los laboristas van a ampliar el gasto oficial para lograr unos servicios públicos de alta calidad, asequibles para todos, en una economía estable y con unas finanzas sólidas. El aumento del gasto se dará, fundamentalmente, en sanidad, educación e infraestructuras. Los tres últimos años de Gobierno conservador y los dos primeros de Blair fueron de una notable reducción del gasto público, que está en el 38,3% del PIB. Los conservadores ya han dicho que prefieren reducir los impuestos. El Gobierno francés también acaba de anunciar un superávit público -la cagnotte (bote)- superior al previsto en febrero. Si en un primer momento se usó para reducir algunos impuestos, ahora el ministro de Economía y Hacienda, Laurent Fabius, ha afirmado con rapidez que el exceso de recaudación se dedicará a una reducción drástica de la deuda.
En algunos países europeos, la reducción del déficit se logrará aplicando a éste los beneficios obtenidos de las subastas de las licencias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS). ¿Qué camino se va a seguir en España, que casi no ha obtenido ingresos por este concurso, además de obsesionarse por el equilibrio presupuestario?
