La continua batalla
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde su constitución, ha librado una continua batalla para desterrar del mercado las prácticas que hasta 1989 eran habituales. Falsificación de nombres en las salidas a Bolsa de determinadas empresas, uso de información privilegiada, captación de ahorro sin autorización previa y falta de respuesta a los requerimientos del organismo han sido comportamientos detectados y sancionados.La evolución ha sido espectacular. En 1989, la mayor sanción impuesta -por no presentar información- fue a la sociedad Agentes de Bolsa Asociados, por importe de 90 millones de pesetas. El pasado año, la CNMV marcó un récord con la multa de 19.686 millones de pesetas impuesta a la firma Transworld Financial Services, la mayor sanción jamás impuesta, por ofrecer servicios de inversión en Bolsa sin contar con la autorización de las autoridades para captar ahorro del público.
Entre ambas cantidades, la mínima impuesta en 1989 y el récord de Transworld, la CNMV ha actuado de forma continua contra una pléyade de pequeñas sociedades -chiringuitos-, todas ellas dedicadas a captar dinero bajo promesa de altas rentabilidades y sin control alguno.
Sanciones a firmas
Así, recibieron multas y sanciones Corporación CNL (30 millones de los de 1990), BBP Consultores, Bolsa 8, Management Bursátil, etc. Entre este tipo de sociedades sancionadas destacó, en 1994, la multa impuesta a Procom -1.142 millones-, también por operar sin autorización.La CNMV examinó -y sancionó- comportamientos de firmas conocidas (Grupo Ibercorp y Grupo Torras, en 1993), e importantes sociedades (Endesa fue multada con 300 millones en 1997 por irregularidades en las OPA que lanzó sobre Sevillana y Fecsa).
Con todo, uno de las actuaciones más polémicas de la CNMV, que fue acusada de negligencia por la oposición, tuvo lugar con la agencia de valores AVA. El caso levantó un importante escándalo en febrero de 1998. Todo surgió con el agujero detectado en el banco argentino UNB Medefín, que arrastró al banco Socimer y que a su vez hundió a la agencia de valores AVA, que operaba con Socimer, sin conocimiento de los clientes, en operaciones de alto riesgo. 3.500 inversores y 12.800 millones quedaron pillados en el escándalo. La CNMV multó a Socimer con 410 millones por operar sin autorización.
Frente a las acusaciones de negligencia en el polémico asunto que lanzó la oposición, Fernández-Armesto, en el Parlamento, llegó a esgrimir un informe del Consejo de Estado en el que éste eximía de cualquier responsabilidad en la crisis a la CNMV.
