El vigilante de la Bolsa
La CNMV se enfrenta a la peor crisis de su historia tras las discrepancias entre su presidente y su vicepresidente
Las acusaciones de insider trading, o uso de información privilegiada, lanzadas por un medio de comunicación contra Juan Villalonga, presidente de la mayor empresa española, Telefónica, han orientado todos los focos sobre el organismo encargado de velar por la transparencia en los mercados financieros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La expectación no se ha visto defraudada. El caso ha provocado en el organismo supervisor -nacido en 1988 con la Ley del Mercado de Valores- una crisis sin precedentes. Su presidente desde octubre de 1996, Juan Fernández-Armesto, el técnico elegido por el Gobierno para dirigir la Comisión, ha sido duramente criticado por su vicepresidente, Luis Ramallo, el político curtido, por su actuación en torno a Villalonga. Ramallo acusó por carta a Fernández-Armesto de haber ocultado información al consejo de la CNMV sobre Villalonga y se atribuyó la iniciativa de haber reabierto el expediente que afectó al presidente de Telefónica en 1998 y que fue cerrado sin consecuencias al no encontrar indicios de irregularidades en sus inversiones.La crisis se ha desatado cuando está a punto de culminar el mandato de cuatro años (prorrogable una sola vez por igual periodo) otorgado por el Gobierno a presidente y vicepresidente -acaba el próximo 5 de octubre-, y en un momento de especial ebullición en los mercados financieros de todo el mundo. La CNMV está, por tanto, en un primerísimo plano de actualidad.
Los que más directamente están viviendo la polémica desatada en el organismo son los 239 especialistas -ocho de ellos destacados en Barcelona- que se encargan de vigilar una auténtica selva: la de los mercados financieros, cada vez más sofisticados. Se ocupan de vigilar tres grandes áreas: sociedades que emiten valores, mercados secundarios y empresas que ofrecen servicios. Su trabajo es altamente especializado y delicado. A primera vista, es posible entender que se sientan como el general Custer enfrentado a la nación sioux en Little Big Horn. Frente a sus intrumentos de vigilancia -sofisticadas alarmas informáticas que supervisan, valor a valor, peseta a peseta, cualquier comportamiento anómalo del mercado- se encuentran 851 sociedades admitidas a cotización; 2.169 fondos de inversión y 45 intermediarios financieros legales (33 sociedades de valores y 12 agencias de valores). Se trata de asegurar que los 255.825 millones de pesetas que se mueven en Bolsa cada día como media, según datos de la Bolsa de Madrid, discurren por canales correctos. Todo ello para asegurar la igualdad de derechos y oportunidades de los ocho millones de españoles que han decidido poner parte o todos sus ahorros en lo que ya se define como "el principal lobby contemporáneo", los mercados financieros.
De las cinco reglas que, según los antiguos tratados, componen el arte de la guerra -medición, valoración, cálculo, comparación y victoria-, los especialistas de la CNMV aplican las cuatro primeras de forma rutinaria. Como prueba de victoria, fuentes del organismo destacan que, gracias a su labor, "en España nunca ha quebrado un fondo de inversión", pese a su espectacular crecimiento (hace apenas diez años, los fondos no alcanzaban los dos centenares).
Como herramienta de trabajo, la CNMV, que nació hace una década, cuando los mercados financieros iniciaban su despegue, cuenta con la Ley del Mercado de Valores de 1988, reformada en el año 1998 para adaptarla a los vertiginosos cambios. La ley concede a la CNMV la posibilidad de sancionar conductas irregulares divididas en tres categorías: muy graves, graves y leves. Las infracciones graves, entre las que figuran el falseamiento de los precios, la emisión de valores sin autorización, la simulación de transferencias o la utilización de testaferros, pueden conllevar multas de hasta el 5% de los recursos propios de la entidad infractora, el 5% de los fondos totales utilizados para delinquir, y en el caso de una persona física, además de la multa, la separación del cargo y la inhabilitación durante un periodo que puede oscilar entre cinco y diez años. Son las penas máximas previstas. En el caso de las infracciones leves las sanciones varían entre la simple amonestación privada y una multa de hasta cinco millones.
Los instrumentos con que cuenta la CNMV para desempeñar su labor e imponer el respeto en un espacio que a menudo se caracteriza por la falta de escrúpulos de sus actores, no son distintos a los de organismos similares de países desarrollados. Tanto a nivel técnico como legal, según fuentes de la CNMV, se han mantenido provechosos contactos con órganos de supervisión de mercados maduros, como la Securities and Exchange Commision (SEC) estadounidense, que han dado buenos frutos. ¿Son suficientes los medios y la capacidad sancionadora de la CNMV? Las opiniones están divididas. No faltan los partidarios de la mano dura para evitar que la ecuación sanción-pago-beneficio para el infractor sea siempre negativa, algo que ahora no siempre sucede. Desde el organismo que preside Fernández-Armesto se destaca, en este sentido, el esfuerzo realizado desde 1997 para mejorar la transparencia del mercado. Así, se impulsó, y aprobó, el denominado Código Olivencia del buen gobierno de las empresas; se ha reforzado el área de supervisión e inspección; se ha definido mejor qué es un hecho relevante en la empresa y cómo se ha de tratar la información confidencial. Además, se ha avanzado en la elaboración y mantenimiento de bases de datos que hacen más difícil ocultar la identidad real a la hora de vulnerar la legalidad.
Los avances, sin embargo, no se han notado en todos los frentes. Así lo piensa el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Jordi Sevilla, que destaca la politización y falta de independencia que caracteriza a la CNMV, como ha puesto de manifiesto la crisis desatada en su cúpula con el caso Villalonga. La cúpula la componen el presidente y vicepresidente (Fernández-Armesto y Ramallo) y cinco consejeros. Presidente y vicepresidente los nombra el Consejo de Ministros. Tres consejeros los nombra el Gobierno a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda y dos consejeros (subgobernador del Banco de España y director general del Tesoro) son natos, es decir, ocupan sillón en la CNMV en función de su cargo.
A Fernández-Armesto y a Ramallo se les acaba el mandato el 5 de octubre, tras cuatro años en sus respectivos cargos. Los otros tres consejeros elegidos a propuesta de Economía, José María Roldán (elegido el 20-1-1998), José Manuel Barberán (27-12-96) y Pilar Valiente (1-12-98), seguirán en el organismo hasta que se agoten sus respectivos mandatos. Como argumento de independencia y falta de sectarismo a favor de Fernández-Armesto, desde la CNMV se destaca que, durante meses, el presidente de la CNMV convivió con consejeros nombrados en la etapa socialista, cuando el organismo estaba presidido por el ex presidente del INI y ex ministro de Industria Luis Carlos Croissier. Hoy mismo, buena parte de los directores generales del organismo proceden de la anterior etapa.
¿Qué diferencias se observan entre la etapa Croissier y la etapa Fernández-Armesto? Entre los agentes más activos del mercado, que en todos los casos prefieren no ser mencionados, se destaca que el primero era "un político" con buenos fundamentos técnicos (fue el presidente más joven del INI y uno de los ministros más jóvenes) que en ningún caso se dejó imponer comisarios políticos a su vera. Fernández-Armesto, antiguo abogado del prestigioso bufete Uría y Menéndez, es más, afirman, un técnico al que le han encajado al lado cuñas políticas de las que, además, no tiene capacidad de prescindir. La distinción entre etapas no gusta en la CNMV. Fuentes del organismo señalan que Croissier y Fernández-Armesto comparten una elevada preparación técnica y un marcado carácter ejecutivo. De la polémica desatada entre el técnico y el político, silencio oficial.
El portavoz socialista de Economía, Jordi Sevilla, señala que el enfrentamiento público Fernández-Armesto-Ramallo ha sido "un espectáculo innecesario, que ha dañado el prestigio de la institución". De cara al futuro, una propuesta: dotar de más medios a la Comisión y valorar que "quizá merecería la pena hacer depender el organismo del Parlamento". Este periódico intentó, sin éxito, recabar la opinión de la portavoz de Economía del PP, Elena Pisonero, sobre la situación y el futuro de la CNMV. No obstante, tanto el presidente del Gobierno, José María Aznar, como el responsable de Economía, Rodrigo Rato, en sus últimas manifestaciones públicas sobre la CNMV dejaron claro que el organismo tiene, a su juicio, las "capacidades" y los instrumentos "suficientes" para hacer frente a las tareas que le encomienda la ley.
Una afirmación que Aznar hizo el pasado 20 de junio, el día previo a que la CNMV reabriera el expediente al presidente de Telefónica. Rato y Aznar conocen, a buen seguro, la tesis del economista John Kenneth Galbraith según la cual la economía carece de sentido si se la separa de la consideración del ejercicio del poder.
