Gobierno y sindicatos pactan aplicar las 35 horas en la Administración vasca antes de fin de año
El Gobierno vasco aplicará la semana laboral de 35 horas a todos sus trabajadores antes del mes de enero de 2001. La reivindicación sindical, que ya se había alcanzado en ayuntamientos y diputaciones, se hace así realidad también en la Administración autónoma. Tras un año de complicadas negociaciones, el Gobierno y centrales rubricaron ayer este acuerdo, que también incluye otras disposiciones sobre empleo y mejora de los servicios públicos para el periodo 2000-2003. La semana de 35 horas será así efectiva en Educación, Sanidad, Justicia y Administración general.
El Gobierno tiene en nómina a 60.000 trabajadores, pero la reducción de jornada será efectiva para 35.000 empleados, porque el resto, los 25.000 de Educación, ya disfrutaban de la semana de 35 horas desde hace algunos meses. En la Ertzaintza (casi 8.000 agentes) la medida entrará en vigor en el año 2002, al existir ya un acuerdo vigente firmado por la central mayoritaria en la policía vasca, Erne, en este sentido.La vicelehendakari y consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, presentó ayer el compromiso, aunque no precisó cuántos puestos de trabajo se van a crear directamente como consecuencia de que los empleados públicos trabajen menos horas, ni el dinero que va a destinar el Gobierno en sus próximos presupuestos generales a hacer efectiva la resolución. Una vez alcanzado el acuerdo en la Mesa General de la Administración -foro donde se reúnen los sindicatos de todos los ámbitos-, la aplicación de las medidas aprobadas se realizará en las diferentes mesas sectoriales, donde se concretará la creación de empleo.
El Gobierno también adquirió el compromiso de trasladar la semana de 35 horas a las sociedades de titularidad pública -aquellas participadas en más de un 50% por el Ejecutivo, como el Ente Vasco de la Energía, EITB o Euskotren-. Al tratarse de empresas que se rigen por el derecho privado, la reducción de jornada no se puede trasladar miméticamente, sino que requerirá de una negociación entre el Consejo de Administración de cada sociedad y su comité de empresa.
La semana laboral de 35 horas supone que cualquier empleado de la Administración vasca tendrá al cabo del año 1.592 horas efectivas de trabajo sin merma de su salario. En la actualidad, los funcionarios de Osakidetza (más de 22.000) tienen 1.650 horas al año, con lo que en 2001 dejarán de hacer 58 horas; los funcionarios de Lakua o de la Administración general, que hacen ahora 1.660 horas, en 2001 se quedarán en 1.592; los trabajadores de Justicia verán reducido su cómputo de horas anual en nueve horas, ya que ahora realizan 1.601; los docentes no experimentarán cambios, al tener ya 1.462 horas. Por su parte, la Ertzaintza pasará de las 1.650 horas anuales actuales a las 1.592 en 2002. Una parte de la reducción del horario de la policía podría aplicarse este mismo año.
El Parlamento vasco ha tratado en dos ocasiones durante el año pasado la cuestión de las 35 horas. En ambos casos, la Cámara vasca aprobó tibias medidas a favor de la reducción de jornada, que se resumían en un programa de intenciones sin incluir compromisos concretos. Entre medio de estos dos debates, los cuatro sindicatos mayoritarios convocaron el 21 de mayo del año pasado una huelga general en favor de la reducción a 35 horas y del salario social, que logró una importante respuesta de la ciudadanía.
En abril pasado se cerró el acuerdo sobre las 35 horas para los funcionarios de diputaciones y ayuntamientos.
Más ofertas de empleo
Junto a la introducción de las 35 horas, el acuerdo aprobado ayer por Gobierno y sindicatos contiene otros aspectos relevantes. Así, el Ejecutivo se compromete a convocar varias ofertas públicas de empleo para dar estabilidad a 4.600 plazas que en este momento están cubiertas por personal interino. Estos puestos se distribuyen de la siguiente manera: 1.050 plazas para la Administración general, de las cuales 750 ya han sido convocadas, más otras 300 a convocar tras un nuevo concurso de traslados; 1.000 plazas en Educación en el año 2001; 100 plazas en la Ertzaintza, y 2.500 en Osakidetza, de las que 1.500 se ofertarán a la finalización del primer concurso de traslados, el próximo año, y las restantes a la culminación del segundo concurso de traslados.
Por otra parte, los sindicatos y el Ejecutivo llegaron al acuerdo de suprimir las horas extraordinarias que realizan los empleados públicos. Éste es un asunto que afecta casi en exclusiva al personal sanitario a través del sistema conocido como autoconcertación. Algunos médicos prolongan su jornada para operar más pacientes y reducir así la lista de espera. Los sindicatos critican esta fórmula por entender que Sanidad debe reducir las listas contratando médicos en paro.
Según el acuerdo, Sanidad deberá "sustituir" el abono del complemento de productividad a los médicos en plantilla e impulsar y fomentar la contratación de médicos desempleados. Además, cuando la prolongación de la jornada ordinaria de cualquier empleado público no implique un aumento de la jornada anual, ésta se compensará con tiempo de descanso.
Un acuerdo de un nivel "nunca logrado"
La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabetia, y los sindicatos rebosaban de satisfacción ayer tras la firma del acuerdo. El pacto es de un nivel "nunca alcanzado" antes tanto por abarcar a las empresas públicas como por el contenido del mismo. Zenarruzabeitia insistió una y otra vez en que más importante que los logros cuantitativos del acuerdo -las 35 horas y las ofertas públicas de empleo-, son los cualitativos, es decir, el firme compromiso demostrado por el Gobierno y por los sindicatos en lograr un consenso. "Hemos navegado por la senda del acuerdo y por la búsqueda de los espacios de encuentro. Por encima de todo, ha quedado claro que quien quiere lograr el acuerdo puede encontrarlo", señaló satisfecha.Los sindicatos resaltaron todos los puntos del pacto, entre ellos la supresión de la contratación de la Administración a través de las empresas de trabajo temporal. La gestación ha sido difícil y no exenta de fuertes enfrentamientos. La confianza de las centrales es que la aplicación en la Administración pública de las 35 horas tendrá una beneficiosa repercusión en el ámbito privado empresarial. Precisamente, esta negociación permanece enquistada en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), donde patronal y sindicatos mantienen posturas enfrentadas y el Gobierno trata de actuar de mediador.
En el documento aprobado figura la polémica convocatoria de una Oferta Pública de Empleo de la Administración general de 750 plazas para este mismo otoño, a la que los sindicatos han dado el visto bueno, a pesar de las críticas que profirieron en su momento al Ejecutivo por discrepar con las vacantes ofertadas y con la valoración de los servicios prestados por parte de los interinos. El representante de ELA, Patxi Agirrezabala, quiso restar trascendencia al aparente cambio de postura. "Nuestras diferencias persisten", se limitó a decir.
