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La Junta incrementa en un 14% el número de altos cargos en sus servicios centrales

Lourdes Lucio

Los cambios en el organigrama en los servicios centrales de la Junta de Andalucía han supuesto el nombramiento de 18 nuevos altos cargos, un 14% más que en la anterior legislatura. Las consejerías de Relaciones Institucionales, dirigida por el andalucista Antonio Ortega, y Economía y Hacienda, son los departamentos que tienen más incorporaciones (tres), mientras que Obras Públicas, Turismo, Cultura y Asuntos Sociales mantienen intactas sus estructuras. Estos nombramientos supondrán un coste anual de 210 millones de pesetas.

Según los Presupuestos de la Junta de Andalucía de este año, el número de altos cargos en los servicios centrales de la Administración autonómica se elevan a 128, cifra que se incrementará en 18 en las cuentas del próximo año. Los nuevos puestos creados han sido ocho direcciones generales, una secretaría general con el rango anterior, siete secretarías generales con rango de viceconsejería, una viceconsejería y un nuevo cargo de consejero, al decidir el presidente andaluz, Manuel Chaves, separar los departamentos de Gobernación y Justicia.Las consejerías que experimentan mayores incrementos sobre los de Relaciones Institucionales y Economía y Hacienda, que ha asumido las competencias de comercio exterior. La primera, que dirige el secretario general del Partido Andalucista (PA), Antonio Ortega, ha pasado de tener de dos a cinco altos cargos, uno de ellos (la secretaría general de Relaciones con el Parlamento) con rango de viceconsejería. El pacto de coalición PSOE-PA es la razón principal para justificar este aumento en una departamento que ha elevado su situación protocolaria al estar inmediatamente después de la Consejería de la Presidencia.

Economía y Hacienda, cuyo equipo lo integran 14 personas, ha creado una secretaría general de Hacienda y las direcciones generales de Comercio y de Sistemas de Información Económico-Financiera.

La división en dos de la Consejería de Gobernación y Justicia sólo ha supuesto tres nuevos altos cargos más: la primera ha creado la dirección general de Política Migratoria, mientras que el incremento de la segunda afecta a los cargos de consejero y viceconsejero.

Empleo y Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente han ampliado en dos el número de áreas. La consejería que dirige José Antonio Viera ha creado una secretaría general y una dirección general, los mismos cargos creados en el departamento de la independiente Fuensanta Coves, uno de ellos (la dirección de Educación Ambiental) producto del acuerdo acuerdo electoral del PSOE con Los Verdes. Educación, Agricultura y Presidencia incrementan en uno el número de alto cargos en los servicios centrales, al igual que la Consejería de Salud.

El número de mujeres en los equipos directivos de las 14 consejerías supone el 23%, frente al 19% en la legislatura anterior. Las consejerías que han hecho más esfuerzo para incorporar a mujeres han sido Economía y Hacienda, que dirige Magdalena Álvarez, y Agricultura y Pesca, a cargo de Paulino Plata. Por el contrario Empleo y Desarrollo Tecnológico no cuenta con ninguna en sus filas, como tampoco la Consejería de la Presidencia de Gaspar Zarrías, que antes contaba con dos mujeres al frente de la dirección general de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior y en la delegación de la Junta en Bruselas.

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La consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, rebatió ayer en el Parlamento los datos del PP, según los cuales el número de altos cargos se habría incrementado en 27 y su coste anual sería de 1.000 millones de pesetas, informa Europa Press.

Hermosín respondió que el nombramiento de los 18 cargos públicos ha obedecido a razones organizativas y de eficacia y consideró la cifra del PP producto de "una imaginación exagerada" de la diputada popular Esperanza Oña. La consejera sostuvo que el Gobierno central ha incrementado en medio centenar los altos cargos, cuando su estructura "tendría que disminuir en cada legislatura", teniendo en cuenta que hace transferencias de competencias a las comunidades autónomas.

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