El accidente de Teià cuestiona el sistema catalán de reciclaje de fangos

VIENE DE LA PÁGINA 1 El control que exigirá la directiva de la UE no se realiza de forma rutinaria para todos los productos incluidos en la lista. La norma prevé los análisis de detergentes de uso común, en concreto alquilbencenos sulfonatos, nonilfenoles (derivados de jabones industriales), hidrocarburos poliaromáticos, PCB, y dioxinas, además de metales pesados, de acuerdo con la directiva aprobada en 1989.

El estudio del Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales revela la presencia de jabones de uso casero en una proporción cuatro veces superior a la prevista y multiplica casi por 10 la de nonilfenoles. Asimismo, detecta la presencia de otros compuestos orgánicos en proporciones menores, así como de metales pesados. Entre ellos, cromo, plomo, cobre, níquel, manganeso y zinc.

Las actuales medidas de control, según diversas fuentes, permiten identificar con "cierta seguridad" y de forma prácticamente rutinaria sólo la presencia de metales tóxicos. Además, y de forma general, "se da por supuesto", que las depuradoras instaladas en áreas industriales incorporan una carga notable de estos compuestos, por lo que los fangos generados en ellas se eliminan directamente en vertederos controlados.

Depuradoras de agua urbana

El problema surge con los fangos de depuradoras ubicadas en áreas con una implantación industrial limitada o en aquellas originariamente destinadas al tratamiento de aguas urbanas que reciben una carga de aguas industriales superior a la que pueden tratar. Éste sería el caso de las plantas de Mataró, en el Maresme, y de Igualada en Anoia. Para este tipo de plantas, la presencia de un compuesto no metálico escapa a los controles.

El motivo procede de la propia dinámica de funcionamiento de las depuradoras. Habitualmente, éstas incorporan mecanismos de monitorización de las aguas de entrada para la detección de concentraciones anómalas de contaminantes. Tras su paso por la estación, que suele durar de 8 a 12 horas, las aguas son liberadas e igualmente monitorizadas. No ocurre lo mismo con los fangos. A juicio de Damià Barceló, investigador del citado instituto, una analítica completa como la que exigiría la norma europea, puede tomar de 4 a 7 días y no existe, por ahora, ningún mecanismo automatizado que permita reducir ni el tiempo ni el coste de la operación. Debido a ello, el control no se efectúa a no ser que exista una sospecha manifiesta.

No son pocos los expertos que consideran que esto no debiera ser un impedimento, máxime cuando los fangos, donde se concentran los distintos contaminantes, suelen permanecer en la estación de 20 a 30 días durante los que no es extraño que se den procesos de fermentación. Tras este periodo, son recogidos para aplicaciones directas en suelos agrícolas o se destinan a compostaje.

La no detección de este tipo de contaminantes, especialmente los de tipo orgánico, lleva implícito, lamenta Barceló, que se esparzan cada año "miles de toneladas" por el territorio catalán sin que se sepa nada acerca de su carga contaminante. Del mismo modo, indica, esto abre la puerta a que no pueda detectarse una carga de materia orgánica por encima de lo habitual y que incorpore, por ejemplo, gran presencia de iones de sulfuro. Una carga de este tipo, encerrada en un camión cisterna, puede propiciar la formación de gases tóxicos como el dióxido de carbono o el ácido sulfhídrico si se combina con un medio ácido, escasez de oxígeno y calor. Sin ir más lejos, lo que presumiblemente ocurrió en Teià.

A ello, añaden los socialistas, se añade que la planta fue pensada para vertidos al aire libre y cubierta con posterioridad sin que conste que se tomaran las medidas adecuadas ante el previsible desprendimiento de gases. Los extractores, situados en el techo, sacaban el oxígeno, pero no el gas sufhídrico, que es más pesado. A ello se añade la falta de un protocolo laboral. Uno de los fallecidos pertenecía a una ETT y acudió a trabajar por primera vez el día que falleció, lo que hace suponer al PSC que carecía de la formación laboral adecuada.

Los socialistas quieren saber si el Departamento de Trabajo hace que se cumplan en las empresas públicas la medidas obligadas en las privadas, por lo que, además de la presencia de Felip Puig, han reclamado la de Lluís Franco.