El fiscal pide 20 meses de cárcel e inhabilitación para el alcalde y cinco ediles de San Lorenzo

La Fiscalía de Madrid solicita 20 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación por un supuesto delito urbanístico para el alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández-Quejo, del PP, y cinco de sus concejales. Les acusa de recalificar una parcela protegida saltándose los trámites legales y de permitir la tala de árboles centenarios para que una constructora vinculada a uno de los ediles levantase ocho chalés de lujo y obtuviese con ello "un ilegítimo beneficio". Asimismo, el fiscal reclama seis años de prisión por estafa para el constructor, Francisco Pascual.

Además del alcalde Fernández-Quejo, figuran como acusados los concejales de la comisión de gobierno que consintieron y autorizaron el inicio de las obras, así como el arquitecto municipal y el administrador de la empresa constructora, Neypass, SL. La Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ordenó hace tres meses "paralizar la construcción" de esos ocho chalés por enclavarse ilegalmente éstos dentro de la llamada "zona de respeto" que rodea el monasterio que mandó construir Felipe II. Sin embargo, la decisión llegó tarde porque las casas ya estaban construidas y vendidas.

En su relato de hechos, el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, afirma que el constructor adquirió el 27 de noviembre de 1996 una parcela de 7.459 metros cuadrados en las inmediaciones de la carretera de La Presa. Y que, curiosamente, "un día inmediatamente después de la compra" los acusados "pergeñaron un proyecto de convenio urbanístico a la medida de sus intereses económicos". Ese convenio, hecho al margen del planeamiento y sin contar con otros propietarios de terrenos adyacentes, permitía "aumentar la edificabilidad" de la parcela y "alteraba la zonificación y localización de los espacios libres públicos (jardines y parques)", convirtiendo su acceso en "absolutamente impracticable" para los ciudadanos.

Según sostiene el fiscal de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial vetó a otros vecinos de la zona su "voluntad manifiesta" de acogerse al convenio.

200 millones

Valerio añade que, antes de alterar el urbanismo de esta zona protegida, los acusados obviaron solicitar el oportuno permiso a la Dirección General de Cultura de la Comunidad, ya que en su interior hay "un jardín histórico, un arbolado y una fuente de piedra" cuya construcción data de la época "herreriana".

El fiscal describe: "Sabiendo los denunciados la imposibilidad de que por vía de legalidad urbanística pudieran conseguir sus ilegítimos propósitos, resolvieron acudir a la vía de hecho, y así, el 11 de julio de 1997, la acusada Lorena de Santos Richard [concejal de San Lorenzo], unida por vínculos societarios a Pascual [el constructor], concedió la licencia para la tala de árboles en una zona catalogada como verde en el planeamiento urbanístico". Pese a la ilegalidad urbanística, el arquitecto municipal "informó favorablemente" el proyecto, según el representante del ministerio público.

Cuando la Comunidad conoció el proyecto urbanístico, lo anuló por completo, denunció el incumplimiento de todos los trámites legales y apuntó nueve irregularidades: exceso de edificabilidad, aumento de las alturas máximas de las casas, no cesión de espacios públicos... Pese a todas estas irregularidades, el constructor vendió los chalés a precios que oscilan entre los 25 y los 30 millones de pesetas. Los propietarios, sin embargo, aún no han podido habitarlos porque el Ayuntamiento no les ha concedido todavía "la licencia de primera utilización [delito de estafa]".

Demolición

El fiscal solicita en su escrito de acusación que los chalés sean demolidos y que las víctimas, que han desembolsado ya en torno a 200 millones de pesetas, sean indemnizadas por la empresa promotora o, subsidiariamente, por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

La Audiencia de Madrid ordenó hace tres meses la paralización de las obras al estimar un viejo recurso de queja interpuesto cuando las casas se estaban levantado y contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de esta localidad, que primero ordenó suspender las obras, cuando éstas apenas se habían iniciado, y posteriormente revocó la orden de suspensión y dio luz verde para que prosiguiesen.

El juzgado la levantó aduciendo que la medida "no era proporcional a la gravedad de los hechos" y que, en todo caso, cabía ordenar "su demolición" en el futuro si al final de la investigación judicial que gravitaba sobre ellas se determinaba que eran ilegales.

Todas estas irregularidades han sido destapadas por el letrado José Manuel Chinchilla Alvargonzález, abogado que ostenta la representación de una vecina de San Lorenzo de El Escorial que denunció esta construcción.