Mucho más que humo

La pretensión de la Junta de Andalucía de que la industria tabacalera contribuya al mayor coste sanitario que el tabaquismo activo y pasivo supone en la comunidad andaluza no es una pretensión imitativa de ninguna solución de los países de nuestro entorno. Al contrario, responde a las nuevas corrientes de la regulación normativa, doctrina jurisprudencial y científica de la responsabilidad civil y de la responsabilidad empresarial.La industria tabacalera comercializa productos nocivos y generadores de un conjunto de patologías médicas importantes. Las modernas corrientes de responsabilidad civil y de responsabilidad empresarial, y mucho más de acuerdo con los postulados del Estado social y democrático de derecho a partir de nuestra Constitución de 1978, predican que quienes obtienen un lucro con actividades que suponen una peligrosidad para la población asuman las consecuencias lesivas de dicha actividad.

En estas condiciones, hay que pensar que la producción, comercialización y distribución del tabaco son generadoras de riesgos masivos, generalizados y específicos de dicho producto. Riesgo causante de daño que es reparado por la asistencia sanitaria pública. La cuestión consiste en que ese riesgo masivo, generalizado y específico de la industria tabacalera, es financiado por igual por todos los contribuyentes y por todos los cotizantes a la Seguridad Social (fumadores y no fumadores, empresarios del tabaco y empresarios de otras ramas, trabajadores del tabaco y trabajadores de otras ramas), con lo cual se produce un efecto de cobertura de un daño propio de una determinada actividad, realizada con lucro por unos pocos, a costa de la colectividad. En estas condiciones ¿es tan ilógico predicar algún tipo de plus de responsabilidad de la industria tabacalera?

No cabe objetar el falso argumento de que la industria tabacalera contribuye al gasto sanitario a través de los impuestos indirectos: son los fumadores los que contribuyen con sus impuestos a dicha cobertura. No cabe sustentar la alegre falacia del billón de pesetas con que la industria tabacalera contribuye a las arcas del Estado, sin hacer, como mínimo, esta cuenta. En cuanto a lo que no sean impuestos indirectos, es obvio que las empresas tabacaleras cotizan y pagan lo mismo que cualquier otra: una fábrica de yogures, pongamos por caso.

Ante esto parece absolutamente legítima y oportuna la propuesta del candidato a presidente de la Junta de Andalucía en la sesión de investidura, debiendo ser subrayado que su primera propuesta es la negociación, lo cual apela a la responsabilidad social de los negociantes del tabaco.

Con estas premisas, la prosperabilidad de una acción judicial es evidente, aunque su instrumentación formal reviste grandes complejidades, que no son ahora del caso en este lugar, y que son desde luego superables. Cabe señalar tan sólo qué presupuesto de la acción judicial es la nítida determinación de un porcentaje de dañados directamente por el tabaco, y la nítida determinación del coste sanitario imputable a la causación del daño.

Dilucidadas estas premisas mediante los oportunos estudios epidemiológicos, químicos (por cierto, ¿es tabaco todo lo que fumamos?) y económicos, una acción judicial tiene sólido fundamento en el ordenamiento jurídico español, tanto desde el punto de vista de la jurisprudencia como desde la perspectiva del Derecho positivo vigente.

Negar esta posibilidad de redistribuir equitativamente el coste sanitario a quien tiene que gestionarlo, y negar la contribución social de quien se lucra con la fabricación, distribución y comercialización de un producto tóxico, no es un camino de responsabilidad (y ahora no se habla de responsabilidad jurídica) ni del Gobierno que deje de hacerlo ni de las tabacaleras que no quieran asumirlo.

Angel López es catedrático de Derecho Civil, director del Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado de la Universidad de Sevilla y responsable principal del Grupo de Investigación Sobre Responsabilidad Civil al que la Junta de Andalucía ha encargado la elaboración de un estudio acerca de la posible responsabilidad de la industria tabacalera por los daños padecidos por el tabaquismo.