Se inicia la séptima
La séptima legislatura del vigente periodo constitucional se abrió ayer con buen pie: con el apoyo casi unánime a las candidatas a presidir el Congreso y el Senado. El hecho de que ambas fueran mujeres favoreció una elección sin votos en contra: nadie quería significarse contra una decisión tan cargada de simbolismo. El acuerdo sobre la composición de las mesas del Congreso y del Senado que precedió a esa unanimidad puede interpretarse también como voluntad de concordia: hay síntomas de que los ciudadanos prefieren una relación menos crispada entre los políticos. Todo el mundo ha considerado un acierto que el PP proponga a una mujer para presidir el Congreso, como ya ocurría en el Senado, aunque resulte contradictorio que sea el presidente del Gobierno (en funciones) quien designe, por teléfono, a la candidata. Puede parecer una formalidad, pero para que el Parlamento cumpla su papel es imprescindible que respete las formalidades propias de una Cámara representativa, en el doble sentido de la palabra. El debate, la negociación y la votación que zanja son los tres momentos esenciales de la vida parlamentaria. La primera ocupación de las Cámaras constituidas ayer fue elegir la Mesa que dirigirá esas funciones. El criterio de hacer compatibles los derechos de la mayoría con las garantías de las minorías se ha resuelto mediante negociaciones. El resultado supone que el PP tendrá cinco de los nueve puestos, pero se garantiza la presencia de PSOE, IU y CiU. Queda fuera el PNV, que estuvo en la anterior legislatura en virtud de acuerdos políticos con el partido mayoritario. Una de las primeras decisiones de la Mesa será decidir sobre la pretensión de algunas formaciones políticas de completar con diputados prestados por otras siglas el número mínimo de escaños necesarios para formar grupo parlamentario. Se trata de una práctica tolerada, porque en principio no perjudica a nadie, pero que roza el fraude de ley. Mala cosa para la Cámara legislativa. El BNG se acoge al precedente establecido por el PP en beneficio de Coalición Canaria para reclamar el derecho a grupo propio con préstamos de CiU y PNV. Lo peor ha sido el argumento de que si no se accede se cometerá un "agravio comparativo contra Galicia". No es bueno tomar la parte por el todo, pero también resulta hipócrita el argumento según el cual el préstamo que pide el BNG es ilegítimo, pero no así el que necesitan los nacionalistas canarios, porque en este caso el prestamista no es propiamente el PP, sino la UPN, formación bajo cuyas siglas se presenta en Navarra el partido gobernante.
