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Tribuna
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Sectarismo

Quienes peinamos canas en este oficio de periodistas sabemos algo y aún mucho de cuán tentador es para el Gobierno, incluso los gobiernos democráticos, acallar o reprender las voces críticas e incómodas, y no digamos ya si éstas son tenaces en su acoso. El poder, genéricamente descrito, y el político específicamente, suele aducir que necesita y se complace con la fiscalización a que le someten los medios de comunicación. Lo que no establece es hasta qué punto está dispuesto a transigir. Lo frecuente, y también ello se comprende, es que aguante mal y en cualquier caso, el correctivo de la garrocha informativa, y más frecuente todavía que lo repute injusto. Se trata de un viejo contencioso -el de la prensa con la política y viceversa- que, por fortuna para los administrados, no tiene visos de concluir.Pero junto al salario y los abalorios del gobernante figura necesariamente esta contrapartida fastidiosa, que puede obviamente llegar a serlo con creces. Sin embargo, es en tales trances cuando se revela la autenticidad de las credenciales democráticas y liberales de quienes son puestos en solfa. Tanto más si junto al o los políticos cuestionados se alinean otros medios y otras plumas más receptivas, objetivas o complacientes, como es propio de una sociedad plural y madura en la que coexisten criterios discrepantes.

Observaciones éstas elementales y como de catón que, no obstante, son ignoradas por el núcleo decisorio del Consell de la Generalitat en lo tocante a ciertos medios informativos y, concretamente, a los diarios Levante-EMV e Información -el semanario El Temps es otra historia no menos lamentable- convertidos en el bouc émissaire del Gobierno autonómico. Con respecto a ellos priva la consigna oficiosa u oficial de negarles hasta el agua. Se les veta reiteradamente su acceso al programa prensa-escuela, lo que impide que se distribuyan en los colegios públicos, a pesar de ser los rotativos de mayor difusión en sus respectivos ámbitos. Se les priva, consiguientemente, de las correspondientes subvenciones económicas, que en cambio se otorgan con escandalosa largueza a otros rotativos con mucha menor implantación, y alguno de ellos con muy tierno arraigo.

Y lo que es peor, en tanto que afecta al colectivo de sus lectores, se les secuestra el caudal de noticias que produce la Administración, al que tienen un derecho inembargable y ningún motivo para ser marginados. Con el agravante de que, de nuevo, se prima a otros rotativos que, posiblemente a su pesar, han de cargar con el mochuelo de aparecer como órganos obsecuentes y dóciles.

De lo aquí expuesto podría decantarse que si rompemos una lanza por los colegas represaliados es sólo en virtud del espíritu corporativo, que dicho sea de paso jamás hemos practicado. Más aún: ni siquiera nos anima principalmente una causa justa, aunque esta sea insoslayable. En realidad, denunciamos esta perversidad por mero instinto defensivo, en legítima defensa, pues entendemos que si el poder político se las tiene tan tiesas con unos diarios tan sólidos como los citados, y con la empresa que los edita, ¿de qué no será capaz con un periodista modesto, inerme e independiente? Sería bueno que todos alzásemos la voz contra el sectarismo.

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