La Rovira i Virgili recurre la suspensión del reglamento del catalán
El consejo rectoral de la Universidad Rovira i Virgili (URV) decidió ayer presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la suspensión, decretada la pasada semana por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona, del reglamento de usos lingüísticos del catalán a raíz de la querella presentada por Convivencia Cívica Catalana, presidida por el eurodiputado conservador Aleix Vidal-Quadras.
El TSJC verá así cómo el caso vuelve a sus manos después de que declarara competente en el asunto al juzgado tarraconense. La URV alegará en su recurso que el reglamento se somete a los postulados de la Ley de Política Lingüística aprobada en 1998 por el Parlament, así como que fue aprobado por el voto unánime del claustro universitario.El consejo rectoral estuvo reunido durante todo el día de ayer para decidir la posición de la URV en el contencioso. Según explicó posteriormente el vicerrector Antoni Pigrau, designado portavoz de la universidad en los dos procesos abiertos contra ella por cuestiones lingüísticas en los juzgados, el consejo quiere garantizar que se haga todo lo posible para conseguir que el reglamento se aplique en su totalidad.
En un comunicado, el consejo asegura que el recurso se interpone tanto para preservar la autonomía universitaria como para garantizar que "todos los universitarios puedan utilizar con normalidad la lengua propia de la universidad". El consejo rechaza las actuaciones de la plataforma de Vidal-Quadras, quien considera que el reglamento lingüístico de la URV es inconstitucional, "por sus manifestaciones de menosprecio y descalificación de las decisiones soberanas del claustro". El comunicado asegura que Convivencia Cívica Catalana personifica en el rector una actuación que corresponde a todo el claustro, y rechaza que le califiquen "de xenófobo por el hecho de presidir un órgano que ha desarrollado una ley del Parlamento de Cataluña".
También se refiere al procedimiento penal abierto contra el rector, Lluis Arola, acusado de prevaricación por la profesora Josefina Albert, que denunció que había sido apartada de la vigilancia y corrección de las pruebas de selectividad después de que acudiera al Defensor del Pueblo para denunciar la marginación del castellano en los cuestionarios. El consejo rectoral se alinea con la defensa de Arola y reduce el caso a "un conflicto de carácter administrativo" que, según sostiene, se ha utilizado como base para promover un conflicto político sobre la lengua catalana y los derechos lingüísticos. Arola se puede enfrentar a 10 años de inhabilitación.
El juez Pedro Casas acordó ayer la apertura de juicio oral e instó a las partes a presentar sus conclusiones provisionales. Tras lamentar la filtración del auto de apertura, en el que Casas tilda de inconstitucional cualquier limitación del uso del castellano, los rectores reconocen que el conflicto está afectando seriamente a la imagen de la Universidad.
El próximo jueves los alumnos de la Universidad de Tarragona decidirán si realizan movilizaciones contra la suspensión del reglamento. La comisión de Cultura del Parlament tratará el mismo día el tema, mientras que el viernes el rector se reunirá "a título personal" con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.
