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Los inmigrantes aportan a Cataluña un beneficio directo de 73.000 millones anuales según un estudio

Los inmigrantes extranjeros no comunitarios en situación regular son una fuente destacable de riqueza económica para Cataluña. Suponen una aportación directa de 73.245 millones de pesetas anuales, contribuyen al mantenimiento del Estado de bienestar y generan puestos de trabajo adicionales. Éstas son las principales conclusiones de un estudio elaborado por el órgano técnico del Plan Interdepartamental de Inmigración, presentado ayer en la primera reunión de la nueva consejera de Bienestar Social, Irene Rigau, con el Consejo Asesor de Inmigración.

El estudio ha sido realizado por profesores universitarios y fue encargado el año pasado por el Consejo Asesor de Inmigración ante algunas actitudes de recelo de la población catalana contra la influencia en el mercado laboral de la inmigración extranjera en situación regular, que representa el 2,4% del total de la población catalana. El informe concluye que la diferencia entre los beneficios aportados por los inmigrantes y los costes públicos que generan supone un beneficio neto de más de 73.000 millones para la economía catalana.El estudio pone de manifiesto que sus aportaciones fiscales ascienden a 9.000 millones y estima que su aportación global a la renta de Cataluña ronda los 80.000 millones de pesetas si se tienen en cuenta sus salarios y pensiones, incluidas las que reciben de sus países de origen.

Por otra parte, la mayoría de extranjeros no comunitarios cotiza a la Seguridad Social, por lo que la inmigración se perfila, según el informe, como una posible solución para paliar el problema de la sostenibilidad del Estado de bienestar. Respecto a los beneficios indirectos, el estudio demuestra que el colectivo inmigrante han propiciado el incremento de empresas y organismos creando a su vez nuevos puestos de trabajo. Es el caso de las ONG que trabajan con inmigrantes, los locutorios (servicios de telefonía y mensajería), las empresas de autobuses que cubren la ruta Barcelona-Marruecos y los arrendatarios que les alquilan los pisos. En el sector público, la demanda de profesores para la enseñanza de niños y adultos inmigrantes ha aumentado en más de 500 profesionales.

En la reunión de ayer, Rigau se comprometió a pedir a la Delegación del Gobierno en Cataluña que le informe de la dotación prevista para el proceso de regularización de inmigrantes a partir de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería, el próximo 22 de febrero, y ella misma propuso la elaboración de un nuevo Plan Interdepartamental de Inmigración que se ajuste al nuevo marco legislativo. También se acordó instar al Gobierno la constitución de un nuevo órgano que coordine las actuaciones de las diversas administraciones y la creación de una guía dirigida a los profesionales de los Servicios Sociales sobre los derechos, deberes y recursos destinados a los inmigrantes, una vez se apruebe el reglamento de la nueva Ley de Extranjería.

Jugando con el fuego del racismo en Premià

Temor y expectación en Premià de Mar ante la convocatoria para esta tarde de dos manifestaciones, una de tintes racistas, contra "algunos grupos de inmigrantes violentos" y otra de respuesta a la primera, autocalificada de antifascista, en la que han anunciado su participación grupos radicales independentistas como los Maulets. La leña está puesta. Las autoridades municipales temen que prenda el fuego y ayer trataron desesperadamente de que se desconvocaran.La primera concentración, para reclamar más seguridad ciudadana, ha sido promovida por Rocío López, la madre de un joven de Premià que asegura que su hijo fue agredido por un magrebí el pasado 15 de enero. Está previsto que acabe en la calle de Verge de Núria, habitada mayoritariamente por inmigrantes.

Actualmente viven en Premià de Mar 1.543 inmigrantes, que representan el 5,8% de la población. El 73% de ellos procede de África, básicamente de países del Magreb y de Gambia. Rocío López niega que su iniciativa tenga fines xenófobos: "Ni Premià de Mar ni yo somos racistas", afirma. "Entre los marroquíes hay muy buenas personas y no les vamos a crear problemas. No nos liaremos a palos porque somos un pueblo pacífico". Aunque insiste en que la acción no es de signo racista, los motivos que se citan en los pasquines de la convocatoria no se limitan sólo a "tratar el tema de algunos grupos de inmigrantes violentos", como figura en primer lugar. También se refieren a "tratar el tema de las ayudas económicas: todos tenemos los mismos derechos; ¿por qué ellos tienen ayudas económicas y nosotros no?" y "a los españoles se les juzga cuando cometen un delito, a ellos no, ¿por qué?".

La divulgación de estos pasquines provocó una respuesta inmediata: la convocatoria de una contramanifestación organizada por la Plataforma Antifascista del Maresme, que está integrada por agrupaciones ecologistas y partidos progresistas. Según anuncian, se trata de una concentración cívica en la que se repartirá un manifiesto antirracista.

El Ayuntamiento ha intentado que Rocío López desconvoque la manifestación porque la considera absolutamente desproporcionada. El concejal de Servicios Sociales, Joan García, dijo ayer que esta concentración "no debe tener una repercusión social significativa, ni responde en absoluto a un sentimiento de inseguridad ciudadana". Pero expresó su temor a que grupos violentos acudan a la convocatoria y causen problemas.

Todos los partidos políticos con representación municipal así como un centenar de entidades ciudadanas suscriben un comunicado en el que se exige que se desconvoque la manifestación. En el documento lamentan los hechos que han originado la manifestación y rechazan la convocatoria porque puede romper "el espíritu integrador" que hay en Premià de Mar. Asimismo se muestran preocupados por el hecho de que "la manifestación pueda generar, a la vista de los motivos expuestos en la convocatoria, actitudes de carácter xenófobo que vayan en detrimento de la convivencia ciudadana".

En el comunicado se hace un llamamiento a los ciudadanos para que no caigan en "ninguna provocación" y piden que tampoco se hagan contramanifestaciones.

El Gobierno Civil ha dado su "enterado" a la convocatoria de manifestación formulada por Rocío López, pero le advierte que "corresponde al convocante y a quienes lo dirijan el mantenimiento del orden interno durante el desarrollo del acto, debiendo impedirse cualquier incidente de orden público o infracción a la normativa vigente. Se evitará en especial cualquier acto de racismo o xenofobia". El Gobierno Civil recuerda que "es responsabilidad de la organización los incidentes que se puedan producir" y le anuncia que las multas pueden oscilar entre 50.000 y un millón de pesetas". Con todo, fuentes gubernativas indicaron ayer que desplazarán al lugar un importante contingente policial.

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