El Liceo revive desde hoy con el inicio del juicio el incendio que destruyó el teatro en 1994
El Liceo revive desde hoy el fatídico incendio que lo arrasó el 31 de enero de 1994. El inicio, esta mañana, del juicio que debe dirimir si hubo responsabilidad penal por el siniestro, y en el que están encausados cuatro trabajadores del teatro y los dos operarios que realizaban trabajos de soldadura en el escenario, es la última consecuencia de una de las más negras etapas vividas por el coliseo lírico barcelonés en sus 150 años de historia. Una pesadilla que no terminó con la reinauguración del teatro el pasado 7 de octubre. En la causa, además, están en juego más de 2.000 millones de pesetas, que la aseguradora Royal Insurance pretende recuperar tras haber pagado la indemnización por el incendio.
Las seis personas que se sentarán en el banquillo de los acusados son: José María Folch, ex director técnico del Liceo; su asistente, Konstanze Müller, de nacionalidad alemana y arquitecta de profesión; Jordi Castro, subjefe de maquinaria del teatro; José Borrás, electricista del coliseo; y Carmelo Poza y Jesús Bernal, ambos empleados de la empresa Lázaro S. L. que realizaban trabajos de soldadura en el telón cortafuegos del escenario en el momento de iniciarse el siniestro.Folch y Müller han sido acusados por el fiscal de un delito de imprudencia temeraria con resultado de incendio y éste solicita para cada uno de ellos dos meses de arresto mayor. La otra acusación comparecida en el proceso, la compañía aseguradora Royal Insurance, ha conseguido también que se sienten en el banquillo los otros cuatro acusados. Para todos ellos solicita seis años de prisión.
La apertura de juicio oral, acordada por el juez instructor José Miguel Fontcuberta contra los cuatro trabajadores del Liceo, dos de los cuales ya no son empleados del teatro, provocó la "dimisión irrevocable" de Josep Caminal, director general del teatro, el 21 de febrero de 1997. Caminal abandonó definitivamente su cargo el pasado lunes, a una semana del inicio del juicio, con el visto bueno de las administraciones propietarias del coliseo: Ministerio de Cultura, Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Diputación.
Fianza de 2.700 millones
El magistrado Fontcuberta fijó en el auto de apertura de juicio de 12 de febrero de 1997 una fianza de 2.700 millones de pesetas, ya depositada, a los seis encausados para cubrir los gastos de responsabilidad en caso de condena y estableció como responsables civiles directas a la compañía aseguradora del teatro (AGF Unión Fénix) y a la empresa Lázaro S. L. (Winterthur).
Royal Insurance abonó a los entonces propietarios del coliseo, la Sociedad Gran Teatro del Liceo, los 2.000 millones de pesetas de la póliza contra incendios, que ésta entregó a las administraciones cuando acordaron ceder la titularidad del teatro. La aseguradora Catalana Occidente abonó tras el incendio 47 millones por el valor de los decorados de producciones operísticas destruidos a causa del incendio. A esta cantidad hay que añadir las que correspondan a tres de los miembros de la asociación de afectados por la ampliación del Liceo por los perjuicios derivados de la urgente expropiación y otros 10 millones en favor de la Diputación de Barcelona -una de las cuatro administraciones propietarias del teatro- por el valor de la propiedad de diversos palcos y butacas de teatro.
José María Folch se sienta en el banquillo acusado por el juez instructor de no haber adoptado "como responsable del cuidado de todos los elementos del escenario" las oportunas medidas ni dado las órdenes precisas de retirar los elementos inflamables del escenario en el momento de realizar los trabajos de soldadura que provocaron el incendio del teatro.
El magistrado también acusa a Konstanze Müller, asistente de Folch, de "pasividad" y dice que fue ella quien quedó con los soldadores para realizar los trabajos de reparación el 31 de enero de 1994 y que mostró "una absoluta falta de la diligencia mínimamente exigible porque no trasmitió el aviso a ninguna otra persona con cargo de responsabilidad, ni adoptó por ella misma las disposiciones que hubieran resultado pertinentes".
A Jordi Castro, subjefe de maquinaria del Liceo y a José Borrás, electricista del teatro, los acusa de no haber "prohibido terminantemente" el trabajo de los soldadores tras advertir "las condiciones en las que los trabajos se realizaban".
Los dos soldadores, Carmelos y Jesús Bernal, son acusados por el juez instructor de una "grave imprudencia" al haber realizado los trabajos de soldadura "conociendo por razón de su oficio el riesgo que comportaba la utilización de soldadores en las proximidades de materiales altamente inflamebles".
Pese a la exculpación de todo cargo del director del Liceo, Josep Caminal, el magistrado le atribuye responsabilidad "por no haber proveído el puesto de jefe de seguridad del teatro", pero precisa que "no era decisión unipersonal" de Caminal el nombrar una persona en el cargo, sino del patronato del consorcio del Liceo. El juez instructor dice que al director general del teatro tampoco le es "exigible personalmente la determinación de las condiciones particulares en que deban realizarse los trabajos en cualquiera de las dependencias del Liceo y la vigilancia, inspección y control de las medidas de seguridad".
