El juez enviará hoy sus alegaciones a Exteriores

El juez Baltasar Garzón enviará hoy al Ministerio de Asuntos Exteriores el informe de alegaciones solicitado por el ministro británico del Interior, Jack Straw, en su carta del pasado 11 de enero, a fin de conocer la posición de España ante su anuncio de que Augusto Pinochet no debe ser extraditado por razones de salud. Las acusaciones particulares y populares elevaron ayer sus escritos tras conocer la invitación británica.Las acusaciones señalan que la comunicación del ministerio británico "se refiere a una declaración de médicos británicos en relación con la salud del procesado [Pinochet]. Sin embargo, no acompaña el diagnóstico de éstos, lo que impide cualquier valoración de aquélla". Asimismo, señalan que "el Ministerio del Interior británico no ha facilitado tales pruebas a España, que tiene la obligación de reclamarlas o, en su caso, de pedir que se practiquen las pruebas adicionales para disponer de las mismas y poder incorporarlas al procedimiento penal".

Otro de los puntos planteados por las acusaciones se refiere a la información de que deben disponer las autoridades españolas: "Si se ha de archivar el procedimiento respecto de Pinochet debido a una demencia sobrevenida, o, por el contrario, si debe seguir practicando diligencias el tribunal español allí donde se encuentre Pinochet en el futuro para determinar su responsabilidad criminal".

En otros términos, las acusaciones están sugiriendo, por ejemplo, adoptar ciertas medidas o diligencias en Londres, ya que allí se halla Pinochet. Las acusaciones proponen, además, designar un perito, al igual que al procesado Pinochet, conforme a la ley española, cosa que no ha sido posible en el Reino Unido. Las acusaciones urgen a poner a Pinochet a disposición de las autoridades españolas para recibirle declaración tras haber sido procesado.

Garzón ya había comenzado a trabajar en un alegato antes de recibir los escritos. Fuentes jurídicas señalaron que el juez considera que la alegación debe ser concreta y pedagógica, en términos judiciales. El juez cree que la revisión médica de Pinochet se ha hecho en el contexto de un procedimiento judicial para producir efectos judiciales, esto es, la libertad del general, razón por la cual una parte de esos exámenes puede ser revelada sin perjuicio de que otros aspectos técnicos de los mismos se mantengan confidenciales.

No sería extraño, por otra parte, que Garzón, que ha facilitado a la Fiscalía de la Corona británica un amplio material judicial sobre torturas en Chile, se apoye en los criterios de los lores jueces, según se expresaron el 24 de marzo de 1999, en el principio judicial de "extraditar o juzgar". La Fiscalía de la Corona había pedido el citado material a Garzón para el caso, precisamente, de que Pinochet no fuera extraditado a España y se le pudiese acusar en el Reino Unido en cumplimiento de las obligaciones de este país como firmante del Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas.

Por su parte, el fiscal Ignacio Peláez elevó un escrito a Garzón en el que, tras recordar que la Fiscalía se opone a la extradición, propone que en el escrito de alegaciones "debe actuarse conforme a lo que establezca la ley británica". El fiscal, pues, no se opone al envío mismo de las alegaciones.