Las escuchas del "caso Ollero" alejan a Junta y PSOE de las comisiones
Tras seis jornadas destinadas a la audición de más de un centenar de cortes de las escuchas telefónicas han aparecido evidentes los mecanismos, medias verdades y pillerías completas usadas por los presuntos comisionistas para cobrar decenas de millones a las empresas constructoras a cambio de su también presunta ayuda para lograr la concesión de obras de infraestructuras en Andalucía. A falta de otras pruebas, tanto la Junta de Andalucía como el PSOE -al que decían financiar- aparecen totalmente alejados del presunto cobro de comisiones ilegales.
A pesar de la dificultad de hilvanar con una mínima lógica trozos de conversaciones repartidas entre varios meses y hace ya siete años, las escuchas dejan al aire la estrategia del fallecido Pedro Llach como cerebro, Jorge Ollero, el informante y Gustavo Durán, un negociador con buenos contactos en Madrid. Paradójicamente, también queda meridianamente claro -al menos en lo que los presuntos comisionistas se dicen unos a otros por teléfono- que las constructoras no le hacían ascos a este tipo de prácticas cercanas a la extorsión.En sus numerosas charlas telefónicas, Llach, Jorge Ollero y Durán desgranan un método sencillo pero preciso y efectivo. Se enteraban de cuales eran las empresas mejor valoradas por la Consejería de Obras Públicas para llevarse una obra e, inmediatamente, se ponían en contacto con ellas para ofrecer sus servicios y hacerse los imprescindibles. A la ganadora se le cobraría el 5% del precio de la obra y a las restantes se les decía "otra vez será". Los presuntos comisionistas trabajaban sobre distintas obras al tiempo y sus negociaciones están debidamente registradas en las cintas grabadas por la policía tras pinchar sus teléfonos.
La concesión de la carretera entre Salinas y Las Pedrizas es la que ha motivado este caso que ha llevado al banquillo a Jorge Ollero, a su hermano Manuel, entonces director general de Carreteras, al ex consejero de Obras Públicas Juan José López Martos y a los antiguos directivos de Ocisa, Jesús Roa y Luis Nogueira, acusados de pagar 127 millones para hacerse con el contrato. Precisamente en las negociaciones sobre la carretera Salinas-Las Pedrizas es donde queda más patente el nulo poder decisorio de los presuntos comisionistas. En un primer lugar apostaron por Focsa y sólo los reflejos de Llach hicieron posible el contacto y posterior ofrecimiento a Ocisa, una vez descartada por Obras Públicas su primera opción.
Mercadeo de información
Su mercancía era la información rápida. Saber quién había ganado y vender que todo había sido fruto de su negociación, al más puro estilo de los lobbies estadounidenses, aunque este cabildeo sea alegal en España.
El papel de Manuel Ollero es bastante confuso con la única luz de las escuchas. Jorge Ollero suele citar a su hermano como fuente de informaciones privilegiadas. A través de las conversaciones grabadas también se percibe que, en algún momento, pudo haber facilitado datos, aunque en otros cortes, se dice que se guardaba información "por miedo". El ser el hermano del director general de Carreteras era el principal capital de Jorge Ollero en una trama dominada por Llach en todo momento.
El nombre de López Martos se escucha en numerosas ocasiones -ayer se dijo que le debía "un gran favor a Ferro (por Ferrovial)"- aunque en ningún caso parece tener una relación directa con las comisiones. En su mano estaba la última palabra sobre las concesiones de las obras y en las escuchas no consta que lo hiciera al dictado de los presuntos comisionistas.
Tras las audiciones, ayer mismo comenzaron los testimonios de los imputados, aunque el primero tuviera que ser leído ya que se trataban de las declaraciones policiales y judicial del difunto Llach. Éste se hizo el olvidadizo sobre todo lo que tenía que ver con su patrimonio, aunque no dudó en responder que se ganaba la vida haciendo gestiones para empresas, aunque legalmente. De hecho, aseguró que trabajaba para Ocisa por unos 15 millones de pesetas fijas al año y entre el 1% y el 10% de comisión por los contratos logrados con su ayuda.
Llach negó haber pagado a funcionarios de la Junta y aseguró que cuando hablaba en nombre del PSOE o de López Martos lo hacía por puro "marketing" y era una falsedad para vender su capacidad de mediación.
En su declaración, Llach aseguró que el maletin con 22 millones en metálico que llevaba Jorge Ollero cuando fue detenido el 15 de juinio de 1992 era suyo y que el dinero correspondía a sus honorarios de Ocisa (15 millones), una deuda cobrada a un particular (dos millones) y un crédito hipotecario (9 millones). Jorge Ollero -que se gastó cuatro millones en un todo terreno- se quedaría con la mitad de los 26 millones y la parte de Llach iría repartida a varios bancos.
Llach rebajó la importancia de Jorge Ollero, del que dijo que le proporcionaba datos "de segunda y tercera mano" y aseguró obtener la información con la que mercadeaba del BOJA, al que llevaba suscrito dos meses, y de otras empresas.
