El Gobierno regional retrasa otro año más su prometido Plan de Inmigración para "actualizarlo"

El Plan de Inmigración, prometido por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón para 1997 y, tras incumplir ese plazo, para este año, ha sufrido otro retraso. La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, quiere ahora "actualizar" el borrador que encontró al ocupar su cargo y que fue criticado por los expertos, empresarios y sindicatos del Consejo Económico y Social. Además, Martínez ve necesaria la espera para añadir las recomendaciones del Foro, un órgano consultivo con ONG e instituciones, y las novedades de la Ley de Extranjería que tramita el Congreso.

En Madrid viven 115.983 inmigrantes con permiso de residencia, incluidos los de países ricos (Unión Europea, EEUU), lo que supone un 2,3% de los habitantes de la región. A esa cifra hay que añadir los trabajadores extranjeros en situación irregular, cuyo número se desconoce, aunque se calcula que pueden ser de 30.000 a 50.000.La existencia de un plan de inmigración es imprescindible para trazar las líneas maestras de la política social, educativa, sanitaria o de vivienda que se va a seguir con los trabajadores extranjeros en Madrid. Ahora tanto desde el Gobierno regional como desde los Ayuntamientos se prestan numerosas atenciones a inmigrantes, unas dentro de los programas que atienden a toda la ciudadanía y otras en planes específicos. Pero falta un armazón que fije los objetivos de esas actuaciones aisladas y plantee los nuevos rumbos a seguir.

La consejera espera que el plan pueda ser debatido en el Parlamento regional dentro de seis meses. Pero este nuevo retraso ha despertado todas las alarmas de los parlamentarios del PSOE e IU, así como de las ONG y sindicatos, que recuerdan cómo, durante toda la legislatura pasada, el Gobierno regional del PP dio varios plazos para la puesta en marcha de este programa, sin cumplir ninguno."Hemos enviado el plan a cada consejería para que analice las modificaciones sugeridas por el CES y queremos esperar también a las recomendaciones que haga el Foro", explica Martínez. "No tiene sentido aprobar el texto sin tener en cuenta las modificaciones que pueda introducir la nueva Ley de Extranjería que se tramita en el Congreso", añade.

La consejera también destaca la necesidad de tomar en consideración los acuerdos de la reciente cumbre de Tempere (Finlandia) sobre la creación, a medio plazo, de una política de asilo e inmigración común para todos los países de la Unión Europea.

Desidia

El portavoz del PSOE-Progresistas en temas de inmigración, Francisco Contreras, critica "la desidia" de la Comunidad en la elaboración del Plan, según informa Efe.La parlamentaria de IU, Caridad García, valora las "buenas intenciones" de la consejera pero se pregunta "si de verdad se está trabajando en este Plan que prometen desde hace tanto". Destaca la "alarmante pasividad" del Consejo de Gobierno "mientras los problemas de los inmigrantes se agravan y multiplican". Los presupuestos del año próximo sólo reservan una partida de 200 millones de pesetas para poner en marcha este programa de actuaciones con los trabajadores extranjeros y sus familias. Pero en años anteriores ni siquiera se destinaba una partida similar con el argumento de que "hacer un presupuesto específico para actuaciones con inmigrantes es una forma de segregarlos".

El plan comenzó a gestarse en unos debates entre ONG, instituciones y asociaciones de inmigrantes (las menos) que se celebraron en junio de 1996. La entonces consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Rosa Posada, prometió ponerlo en marcha en 1997. Pero pasó ese año y el siguiente y el proyecto, que ha conocido ya seis borradores, no llegó a aprobarse. En diciembre de 1998 el Gobierno regional prometió que entraría en vigor antes de finalizar la legislatura. Pero tampoco sucedió así.

En mayo, un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas, el CES elaboró un dictamen, perceptivo aunque no vinculante, sobre el Plan con un tono bastante crítico. En primer lugar al Consejo le llamaba la atención el retraso en la aprobación del Plan regional cuando el Nacional lleva ya cinco años en vigor. Consideraba, asimismo, que más que un plan de actuaciones para favorecer la integración de los numerosos inmigrantes que viven en Madrid se trataba de un "marco general de actuaciones" con pocas medidas concretas.