El PP eliminó en 1996 el control fiscal a los colegios que solicitan conciertos
La primera orden de conciertos educativos de la Administración del PP data del 23 de diciembre de 1996 y se publica en el DOGV el 13 de enero de 1997, apenas siete meses después de entrar en vigor el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, que contempla en su artículo 47.7 que cualquier ayuda, subvención o concierto deberá exigir "la acreditación de que el beneficiario está al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social". La normativa de conciertos, que debía tener una vigencia de cuatro años a partir del curso 1997-1998, omitió, sin embargo, este control fiscal.
Para la aprobación de cualquier proyecto, ayuda o subvención de la Administración se requiere que el beneficiario, bien sea una entidad pública, privada nacional o internacional o persona jurídica presenten "la acreditación de que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma prevista en la Orden del 30 de mayo de 1996, de la Consejería de Economía y Hacienda". Esta precisión consta en las convocatoria de ayudas, sirva de ejemplo, cualquiera de las emitidas este año por la Dirección General de Ordenación Educativa. Algo que, sin embargo, omite Educación en la primera orden de conciertos aprobada en el primer año de gestión de la Administración del PP, que entró en vigor el 13 de enero de 1997. Se trata de una extensa orden firmada por la entonces consejera de Educación, Marcela Miró, con una vigencia de cuatro años a partir del curso 1997-1998, donde sí se exige que las solicitudes "provisionales" o nuevas se soliciten en enero, pasen por inspección y se aprueben antes del 15 de abril del curso anterior al que se solicita el concierto. Pero obvia mencionar el control de las obligaciones tributarias, que acompañan a los presupuestos. Para el portavoz de Educación del PSPV, Baltasar Vives, esta orden deja sin argumentos al consejero Manuel Tarancón, que culpó "a la normativa de conciertos de los socialistas" de no requerir este control, tras el escándalo del fraude tributario del colegio María de Icíar, detectado por Trabajo, que ordenó a Educación el embargo de uno de los 10 polémicos conciertos aprobados en agosto, fuera del plazo de matrícula. Vives denuncia "la política privatizadora" del PP y afirma que en el periodo 1995-2000 el gasto corriente para conciertos ha crecido un 45%.PASA A LA PÁGINA 3
