El estigma de Parque Ansaldo
Generalizar siempre es injusto, pero cuando se trata de valorar el comportamiento cívico de un colectivo integrado por más de 1.500 personas, resulta peligroso. La barriada de Parque Ansaldo de San Juan (Alicante), tiene los días contados. La firme decisión de las administraciones públicas afectadas y los propietarios legales -Argenta-ria, el Instituto Valenciano de la Vivienda y algunos particula-res- de demoler todos sus edificios y favorecer el desarrollo urbanístico de la zona norte del municipio, sin prever antes el destino y el futuro de sus actuales habitantes, ha desatado una fuerte polémica. El debate, en principio limitado a la comarca de L"Alacantí, se ha ampliado al resto del país, y ha movilizado a la Federación Española de Asociaciones Pro Inmigrantes (FAIN) y a la coordinadora de ONG del País Valenciano.Ochenta entidades destacadas por su apoyo a los colectivos sociales más desfavorecidos han suscrito un manifiesto que exige a las autoridades locales y autonómicas la elaboración de un plan de realojo de las 300 familias que hoy ocupan Parque Ansaldo, la mayoría inmigrantes procedentes del norte de África que han encontrado trabajo como recolectores.
Pero la tendencia no es otra que criminalizar al conjunto de la población de la barriada, donde estos trabajadores, con papeles o sin ellos, coexisten con clanes dedicados a la venta de drogas al menudeo, y son víctimas de un rechazo injusto y generalizado que se intenta frenar para que el problema no degenere en un brote xenófobo en ciernes.
Esta es una de las principales preocupaciones de Alicante Acoge, entidad que desde hace años trabaja con la población de Parque Ansaldo, a la que facilita cobertura social, sanitaria y jurídica, y se revuelve ante la pasividad de las administraciones para poner fin al gueto y dar una salida digna a sus moradores. "Se criminaliza al barrio, y como única solución plantean su eliminación física, lo que es inadmisible y una barbaridad", señaló ayer Miguel Romá, presidente de Alicante Acoge.
No prever el traslado con criterios de dispersión e integración social de esos inmigrantes puede desembocar en un problema similar al registrado en Madrid con un colectivo de rumanos, que durante meses han deambulado de gueto en gueto arrastrando a sus hijos, sus escasas pertenecencias y su miseria.
La posibilidad de que esas 1.500 personas acaben en un poblado chabolista una vez expulsados de las viviendas que hoy ocupan, ha generado inquietud en el resto de la comarca, reacia y temerosa de recibirlos en bloque. La solución la aporta Carlos Gómez, director técnico de Alicante Acoge: frente al estigma, "sentido común, racionalidad y diálogo", ingredientes necesarios para alcanzar el consenso en el deseable plan de realojo, que se reclama apelando a los derechos humanos y la justicia social. "Merecen una oportunidad", añade.
Las fuerzas políticas parecen haber entendido la complejidad del problema, y al margen de pronunciamientos oficiales y unánimes en favor de la demolición del barrio, hablan ya de la necesidad de un plan social de choque y duradero.
