El acta de la comisión de conciertos revela las presiones de las patronales y padres de la privada

El polémico paquete de conciertos con una decena de colegios de élite y vinculados al Opus Dei aprobado por la Administración del PP a finales de agosto se cerró, en realidad, el 12 de febrero en la reunión de la comisión de conciertos. Sin embargo, la autorización se aplazó hasta después de los comicios autonómicos del 13 de junio, al margen del decreto de admisión de alumnos y fuera del plazo de matrícula, para evitar el coste electoral de la medida. El acta de la reunión, a la que no fue convocada UGT pese a ser el sindicato mayoritario en la privada, recoge las exigencias de los representantes de las dos patronales y padres de alumnos de la privada para que se les sufragara "la libertad de elección".

La reunión de la comisión de conciertos donde se acordó "proponer el concierto para todos los centros que lo han solicitado", se celebró el pasado 12 de febrero en la sala de juntas de la Dirección Territorial de la Consejería de Educación. La sesión estuvo presidida por el director territorial, Pablo Antonio Crespo, quien, según se recoge el acta de la comisión en poder de EL PAÍS, "puntualizó que, si se concierta, la educación ha de ser mixta necesariamente", en la línea de lo que han defendido siempre los técnicos de la consejería. Con todo, la decisión última es política y recae siempre sobre el consejero de turno, en este caso Manuel Tarancón, quien el 26 de julio, cuatro días después de ser ratificado en su cargo, firmó la conflictiva orden de conciertos (que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia por los tres grandes sindicatos de la enseñanza, CC OOO, UGT y STEPV). Un mes después, el 27 de agosto, se publicó en el DOGV.

La autorización administrativa llegó en agosto pasado, una vez obtenida la mayoría absoluta del PP en la Generalitat, pero fuera del plazo de matrícula y al margen de las condiciones de escolarización, que exigen el también polémico decreto de admisión de alumnos (aprobado precisamente por el PP).

El acta es un testimonio claro de las presiones de parte de las patronales, los representantes del profesorado y los padres de alumnos de la privada para que el Consell haya acabado financiando "la libertad de elección" de centros. En ella se recoge con fidelidad las reivindicaciones y tesis ideológicas de los empresarios, una posición que se distingue de la que mantiene la representante de las cooperativas educativas, Laura Albelda, más sensibilizada con las necesidades de escolarización de las zonas y el conveniente equilibrio entre la privada y la pública. No ocurre así con los representantes en la reunión de la patronal Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que preside Félix Falcón, el mismo que está al frente de la entidad Fomento de Centros de Enseñanza que gestiona cuatro de los cinco colegios vinculados al Opus que han sido concertados. El portavoz valenciano, Pedro Marcos, defendió ante la comisión que los criterios de concertación deberían ser "el rendimiento de los alumnos". Y en ese sentido, recordó que "los centros solicitantes pertenecen a su federación y obtienen óptimos resultados a la hora de acceder a la universidad; por ello son acreedores de los conciertos".

Por su parte, la patronal de la enseñanza privada religiosa Educación y Gestión estuvo representada por Juan Manuel Tomás Sánchez y la representante del FSIE fue Pilar López. López sostuvo que "estos centros tienen derecho al concierto y que hay dinero para ello". De esta forma, según consta en el acta, "insta a la Dirección General de Centros a que concierte a todo". Y "apela" para ello a "la libertad de elección".

Por su parte, ante el debate de que "el Opus tenga voluntad" para implantar la coeducación, la representante de USO, Ángeles Bernat, defendió la posición de la Obra y afirmó que "tiene conocimiento de que ya se está haciendo". En ese momento, intervino Rafael Moner, de la Confederación Padres de Alumnos Católicos (Concapa) y pidió "quitar la connotación de "Opus" para designar a esos centros". Según recoge el acta, Moner afirmó que "los padres tienen derecho a elegir el centro que quieran, el nivel económico de las familias a él no le importa. Para él todos tienen derecho al concierto".