Conciertos irregulares cuestionan la gestión del PP valenciano

Los conciertos con colegios de élite y vinculados al Opus Dei, aprobados por la Generalitat Valenciana tras la mayoría absoluta del PP en las autonómicas, han recibido un fuerte varapalo. El Ministerio de Trabajo, que desde 1995 investiga por fraude tributario a uno de los colegios beneficiados, ha ordenado a Educación que embargue el concierto. La polémica levantada en torno a este centro, elegido para inaugurar el curso, ha puesto en jaque toda la gestión.

La crisis desatada a raíz de la orden de embargo enviada por el Ministerio de Trabajo el pasado 22 de septiembre a la Consejería de Educación para que embargue la subvención de 64 millones otorgada al colegio de élite María de Icíar por un delito de fraude tributario con la Seguridad Social desde 1995 (que asciende ya a más de 83 millones de pesetas), ha asestado un duro golpe a la política de conciertos emprendida por el consejero, Manuel Tarancón, quien, además, escogió este mismo escenario para inaugurar el curso.El fraude detectado en el María de Icíar, cuyos problemas financieros eran de sobra conocidos en la comunidad educativa debido a la precariedad laboral del profesorado, que desde hace años cobra con retraso de varios meses y en forma de pagarés, ha arrojado sospechas sobre la discrecionalidad con que se han gestionado los polémicos conciertos con una decena de centros de élite y vinculados al Opus Dei, aprobados a finales de agosto fuera del plazo de matrícula.

Esto ha permitido a los diez colegios beneficiados -que en conjunto recibirán 690 millones de pesetas sólo para el primer cuatrimestre del curso- haber cobrado las altas tarifas de escolarización (que rondan las 700.000 pesetas por curso) en las matrículas de este año, en vez de garantizar la gratuidad a que obligan los conciertos, según precisan los responsables de enseñanza de CC OO, Luis García Trapiello y Manuel Picó.

Pero, sobre todo, ha acrecentado las dudas sobre el supuesto interés del consejero en reflotar una empresa privada con graves problemas financieros. Según el portavoz de Educación de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Ramón Cardona, que ha solicitado la comparecencia del consejero Manuel Tarancón, "la consejería conocía de sobra los problemas financieros del centro".

El consejero de Educación ha negado todas las acusaciones y se ha limitado a señalar que ha sido víctima "del engaño de una empresa", que solicitó el concierto con un NIF distinto al que se investiga. Pero Educación aún no ha presentado ninguna querella judicial contra el María de Icíar, lo que ha sido cuestionado por UGT, que ve en ello "un fraude de ley que roza la prevaricación".

"Ocultación de datos"

La explicación oficial ha sido considerada insuficiente por los tres principales sindicatos de la enseñanza, CC OO, UGT y STEPV, que piden "depurar responsabilidades políticas" y que Educación convoque la comisión de conciertos para abrir una investigación a fondo sobre cada una de las subvenciones aprobadas en agosto, ante las múltiples irregularidades que están apareciendo.Sin embargo, el viernes pasado la federación de enseñanza de UGT denunció "el carpetazo a la investigación y la disolución de facto de la comisión provincial de conciertos de Valencia, para evitar que el escándalo se extienda al resto de conciertos". El portavoz de enseñanza de UGT, Gonzalo Castillo, precisa que Educación ha denegado por escrito la petición del sindicato de convocar a la comisión para investigar a otros colegios subvencionados sin que tuviera conocimiento la comisión. Castillo adelantó que el miércoles presentarán una querella judicial contra la consejería por "ocultación de datos y documentos públicos".

Con todo, CC OO ya ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra la orden de conciertos con los cuatro colegios del Opus que gestiona la Fundación Fomento de Centros de Enseñanza por considerar que la enseñanza que segrega a los alumnos por sexos en anticonstitucional. Fuentes de la fundación reconocen que el fuerte envite de los sindicatos contra los conciertos vinculados con el Opus (que recibirán el 76% de los 690 millones) ha pospuesto los conciertos que Fomento había pactado con el Ministerio de Educación.