Justicia se compromete a elaborar una ley específica para subir el sueldo a los jueces

El Ministerio de Justicia alcanzó ayer un principio de acuerdo con las cuatro asociaciones de jueces y las dos de fiscales sobre un asunto que les ha enfrentado en los últimos meses: el aumento de las retribuciones. Todos coinciden en la elaboración de una específica Ley de Retribuciones en la que se regulen las subidas salariales de los magistrados. Éstos aceptan que el incremento salarial pueda ser inferior al 25% que han venido solicitando, pero, a cambio, piden que, mientras se elabora esa futura ley, el Ejecutivo les conceda una subida provisional, algo a lo que el Gobierno no se ha comprometido.

Por parte de Justicia asistieron a la reunión -que duró mas de dos horas y media- el secretario de Estado, José Luis González Montes; el subsecretario, Ramón García Mena, y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido.En su comparecencia ante la prensa, González Montes destacó, más que la subida de sueldos de jueces y fiscales, la propia elaboración de la ley, un compromiso establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 e incumplido desde entonces. El artículo 403 de dicha norma prevé que "el régimen de retribuciones de los jueces y magistrados se regirá por ley". Por su parte, el Estatuto del Ministerio Fiscal establece la equiparación de las retribuciones de los fiscales con las de los jueces.

En línea con lo manifestado en las últimas semanas por la ministra de Justicia, que siempre desvinculó el aumento retributivo de la necesaria elaboración de la ley, González Montes no quiso comprometerse respecto a la subida salarial. Ni siquiera asumió que, mientras se alcanza la aprobación de esa ley, se aumenten provisionalmente los sueldos, como reclamaban jueces y fiscales. Se limitó a decir que consultará tal demanda y contestará en la segunda quincena de octubre. Sí adelantó que la futura ley podría tener efectos retroactivos al 1 de enero del 2000.

Ley a largo plazo

Los representantes de las seis asociaciones -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Unión Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales- pusieron de manifiesto que, a la vista de lo que queda de legislatura, será prácticamente imposible aprobar la ley antes de que se disuelvan las Cortes Generales. Temen también que la elaboración futura de la ley dependa de coyunturas electorales y políticas, ya que los compromisos de una legislatura se cumplen necesariamente en la que le sucede.

De ahí que la disposición de Justicia a consultar el proyecto de ley con las asociaciones, aunque es saludado positivamente como una muestra de reapertura del diálogo, no ofrece garantías al colectivo judicial de que sus demandas serán satisfechas. Por ello, jueces y fiscales pidieron que, ya que renuncian a convertir en exigencia inmediata el aspecto retributivo de la ley -aceptando que la futura subida salarial sea inferior al 25% que reivindican-, esperan del Gobierno que asuma un aumento provisional mientras la ley se tramita. González Montes se negó a asumir este compromiso.

El presidente de la APM, Santiago Martínez-Vares interpretó que, con la apertura del diálogo, se intenta "traer al presente el futuro y que lo que se vaya a reflejar en la ley tenga un reflejo inmediato en las retribuciones". En cuanto a las medidas de protesta anunciadas, declaró: "Mientras haya diálogo, no forzaremos situaciones".

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ricardo Bodas, dijo: "Esperaremos sin tomar ninguna iniciativa a que se produzca esta respuesta, y, si es positiva, negociaremos con la buena fe y la prudencia demostrada hasta la fecha, pero también con toda la firmeza". Los altos cargos de Justicia intentaron también apaciguar a otros colectivos. González Montes anunció que, una vez reguladas las retribuciones de jueces y fiscales, se extenderá la misma filosofía a otros colectivos como los secretarios judiciales, los agentes o los forenses. Sin embargo, jueces y fiscales negaron que tales regulaciones puedan incluirse en la Ley de Retribuciones y valoraron la sugerencia como un deseo de ganar tiempo.