Suicidio programado
El éxito total que tuvo, en marzo de este año, la operación de derribo del Colegio de Comisarios presidido por Santer y el resultado de las recientes votaciones en el Parlamento Europeo -en las que más de un tercio de los votantes se negó a aceptar a la nueva Comisión antes de que haya cometido error o desafuero alguno- confirman que los años de vida del Ejecutivo comunitario están contados. Se trata de una conspiración, tácitamente auspiciada por los Gobiernos y liderada por los europarlamentarios antieuropeos, cuyo propósito es reducir la Comisión a simple secretariado del Consejo de Ministros como necesario paso previo para convertir a la Unión Europea en Zona de Libre Cambio de la gran Europa. La renacionalización de las opiniones públicas de los Estados miembros y la urgencia alemana en la ampliación al Este serán factores decisivos para el triunfo de ese proyecto. Que la Eurocámara esté coadyuvando a su logro es un comportamiento suicida, pues aunque conserve su capacidad colegisladora, sin una Comisión a la que controlar el Parlamento pierde gran parte de su razón de ser y la intergubernamentalización de la Unión se perfila como un destino imparable.Para evitarlo, lo primero es que el Parlamento ponga orden en su casa, comenzando por dotarse de un estatuto que fije con claridad los derechos y deberes de los diputados, haga más difíciles los viejos y permanentes abusos -billetes aéreos trucados, retribuciones a asistentes y secretarias con mordida, misiones y dietas lábiles, etcétera- y determine sin ambajes hasta dónde puede conciliarse la condición de europarlamentario con la de lobysta profesional. Luego, la reducción del absentismo parlamentario que, según datos comprobables, alcanza a más del 50% de los europarlamentarios en más del 50% de las sesiones, tanto plenarias como de comisiones. Y si de la presencia pasamos a la intervención, el panorama es aún más desolador. ¿Por qué no se monta pues un servicio en Internet que, apoyado en las Actas de las sesiones nos diga quién participa en qué reunión, quién interviene, sobre qué tema y en qué sentido? Esto nos permitiría saber qué hacen nuestros representantes en Bruselas y Estrasburgo y les devolvería su credibilidad. Pero sobre todo la efectividad del control democrático de las decisiones presupuestarias que no puede limitarse al espectáculo del vapuleo comisarial. Es lamentable que los eurodipuados hayan concentrado sus esfuerzos controladores y polarizado a la opinión pública europea en los fraudes de la administración directa de la Comisión, que son cuantitativamente tan irrelevantes en relación con los enormes desfalcos del presupuesto comunitario perpretados en los Estados miembros, bajo la mirada incompetente o cómplice de las autoridades nacionales. El lino español es la insignificante punta de ese monstruoso iceberg.
Vidal-Folch, en una certera crónica en este diario, nos recordaba los datos de los fraudes verificados correspondientes al año 95 que, sólo en el sector agrícola y limitándose al dinero no devuelto, ascendían a 403,5 millones de euros de los que a España le correspondían algo más de 67.000 millones de pesetas. Estarán de acuerdo en que es una tomadura de pelo que nos rasguemos las vestiduras con el dentista de la señora Cresson, cuando todos sabemos que el fraude del presupuesto comunitario administrado en y por los Estados miembros asciende al 99,1% de los casos detectados frente al 0,9% de los que son imputables a la Comisión. Por eso hasta que no logremos que los Estados miembros ratifiquen el Convenio sobre Protección de los Intereses Financieros de la Comunidad, que exigirá a los Gobiernos que persigan a las autoridades nacionales responsables de los fraudes, no cambiará la situación. ¿Por qué en vez de consumir tanto tiempo en audiciones a comisarios y en otras operaciones diversivas no empujamos al señor Brinkhorst a terminar su investigación sobre los fraudes en los Estados? Y a dicho fin, ¿por qué no creamos un instrumento de control eficaz en el que participen representantes de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales? ¿O es que preferimos ignorar lo que sucede en nuestros países con los dineros comunitarios?
