Una legislatura en fase terminal
El agotamiento de la legislatura y la celebración de las elecciones el domingo 2 de abril lleva consigo que el Gobierno convoque las elecciones el 9 de febrero. Incluso si el presidente del Gobierno quisiera rizar el rizo y no hacer uso de su facultad de disolución "se expedirá un decreto de convocatoria el día vigésimo quinto anterior a la expiración del mandato de las Cámaras", según señala el artículo 42 de la Ley General Electoral. Hasta en este caso de consumación de la legislatura la disolución sería el 9 de febrero y no cambiaría la fecha del 2 de abril. Estos son los cálculos realizados por medios gubernamentales que reconocen, y en esto coinciden con la oposición, que esta legislatura está ya terminada.El Parlamento estará vivo cuatro de los siete meses que faltan hasta las elecciones: entre septiembre y diciembre. Pero este período se ocupará principalmente con la discusión y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Además de este proyecto, está previsto que se aprueben las leyes de indemnización a las víctimas del terrorismo y Enjuiciamiento Civil. Sobre los demás proyectos pendientes hay más que dudas de que puedan culminarse. Sólo se hará un esfuerzo para que salga adelante la ley de Inmigración.
Tanto el diputado popular Rafael Hernando como los socialistas Álvaro Cuesta y Jesús Caldera creen que hay tiempo para aprobar el nuevo Reglamento del Congreso, después de tres años de avances y parones. "El Gobierno lo tiene bloqueado porque cree que hay demasiadas facilidades para la oposición", intuye Cuesta.
