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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Calma con Pinochet

El "caso Pinochet" debe abordarse con calma, dejando que hable la justicia, en pleno respeto de la independencia judicial en democracia. Corresponde ahora a los jueces británicos dar respuesta a la demanda de extradición a España del ex dictador chileno planteada por el juez Garzón. A estas alturas, a menos de dos meses de la apertura del proceso de extradición en Londres, no parece lo más adecuado intentar un procedimiento de arbitraje para sacar la cuestión del ámbito judicial, forzando las posiciones y los plazos. Pinochet no debe llevar a una transgresión de la independencia judicial ni a tener que aprobar leyes a todo correr para hacerlo posible. La carta oficial mandada el pasado 23 de julio por el nuevo canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, a su homólogo español, Abel Matutes, es una misiva que delata desesperación por buscar una salida casi a cualquier precio para evitar la posibilidad de que el Reino Unido conceda la extradición de Pinochet a España. La carta supera lo que se espera razonablemente del canciller de una democracia, o de un país en transición a la democracia. En la misiva oficial, hecha pública en Santiago antes de que llegara a España, Valdés afirma que "si las acciones judiciales contravienen principios de derecho internacional y constituyen agravios para otros Estados, ningún Estado puede escudarse en la independencia de su Poder Judicial". Ningún juez hasta ahora ha sentenciado que se contraviniera el derecho internacional. Todo lo contrario. Aunque la instancia más lógica para dirimir estos contrastes de pareceres hubiera sido el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, como llegó a proponer el Gobierno español. Pero tal procedimiento toma mucho tiempo. Y el Gobierno chileno quiere rapidez. La prisa, que siempre es mala consejera, ha llevado a las autoridades chilenas a pedir ahora una salida mediante un arbitraje amistoso, con tres jueces -uno nombrado por Chile, otro por España y un tercero por ambos- que dictaminarían al respecto. Es una posibilidad que se contempla en el Convenio Internacional contra la Tortura de 1984 , y que probablemente requeriría de España la aprobación de una ley, o al menos un acto parlamentario. Todo ello, cuando Valdés, pese a que Madrid le ha entregado informes jurídicos internos que el canciller cita en su carta, cuestiona que el Gobierno de España no tuviera margen de maniobra para no cursar la demanda de extradición. Hoy por hoy, el único margen gubernamental disponible es el que tiene el ministro británico del Interior para decretar en cualquier momento la puesta en libertad de Pinochet por motivos humanitarios. El Gobierno español no puede rehusar estudiar la demanda de arbitraje, aunque asegura que aún no ha pedido dictamen alguno al Consejo de Estado para dirimir fuera del ámbito judicial la suerte de Pinochet. El PSOE ya ha dejado claro, como diversas asociaciones de jueces y fiscales, que la justicia debe seguir su curso. En cualquier caso, un hipotético arbitraje no sería determinante, pues es un órgano de consulta que no puede reemplazar ni al poder legislativo ni al judicial. Su resultado, o así lo creen numerosos juristas, ni siquiera tendría que ser tenido en cuenta por las autoridades judiciales británicas o españolas. El caso Pinochet está afectando negativamente a las relaciones bilaterales entre España y Chile e incluso los vínculos de este país con el resto de América Latina. El presidente chileno ya ha anunciado que, en esta situación, no acudirá a la Cumbre Iberoamericana de La Habana, en noviembre, una cita fijada hace años en la que España tiene grandes esperanzas. Estamos ante una cuestión de Estado en la que sería bueno un acuerdo entre las fuerzas políticas españolas como el que Matutes ha pedido a Joaquín Almunia. Pero no se puede en nombre de la razón de Estado quebrar el principio de la independencia judicial en una demanda de extradición amparada por el Tribunal Supremo. Hasta ahora, el Gobierno español ha actuado correctamente, como corresponde a un Estado de derecho. Y Pinochet no debe ser causa para quebrar esta línea.

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