Un juez investiga la red de negocios de un senador canario del PP

El administrador de varias gasolineras propiedad de Domingo González Arroyo, senador del Partido Popular por Fuerteventura, ha reconocido en una declaración judicial que sus estaciones suministran combustible al Ayuntamiento de La Oliva, del que González Arroyo es alcalde desde hace 20 años. Un juez ha admitido a trámite una denuncia contra el senador popular, al que un ciudadano británico residente en la isla acusa de cohecho, prevaricación, fraude, daños y delito contra la Hacienda pública.

Según el denunciante, los suministros de combustible a todo el parque móvil del Ayuntamiento de La Oliva, policía municipal, bomberos y maquinaria proceden "en exclusiva" de las estaciones de servicio del alcalde y senador del PP. Algo que corrobora la oposición socialista, que asegura que el desembolso supone cuatro millones de pesetas al año. González Arroyo se acaba de subir su sueldo como alcalde y lo ha establecido en 35.000 pesetas diarias, es decir 1.050.000 mensuales. Además, cobra como senador y como diputado regional.Redvers Brown, comerciante residente en Fuerteventura desde hace quince años, asegura en su denuncia que en el municipio de La Oliva, de 9.000 habitantes y el más turístico de la isla, no se ha permitido la apertura de estaciones de servicio que no sean las de titularidad del querellado. Denuncia, asimismo, presuntas irregularidades urbanísticas.

Brown presentó su denuncia el pasado mes de febrero y desde entonces, el juez Carlos Vielba Escobar, titular del Juzgado de Instrucción número uno de Puerto del Rosario, ha practicado numerosas diligencias e interrogado a varios testigos. Entre las últimas investigaciones, destaca una reciente solicitud de información al Registro de la Propiedad, a la Agencia Tributaria y a varias notarías de Fuerteventura para conocer los bienes de González Arroyo. Si se hallan indicios de delito, el caso pasará al Tribunal Supremo por ser aforado.

El pasado lunes, prestó declaración Ceferino Guerra Vera, un albañil jubilado que figura como administrador único de las dos gasolineras de Corralejo Playa y de la maraña de sociedades creada por el senador del PP (ver EL PAÍS del 31 de mayo de 1998). Guerra, que dice no mantener ninguna relación con el alcalde, ha certificado ante el registro del Senado varias de las actividades del dirigente popular.

El testigo, ex juez de paz del Ayuntamiento de La Oliva y amigo del senador, reconoció que es apoderado de las sociedades Pila, SA, Conlaofu, SA, y Prelao, SA. Las dos primeras explotan las dos gasolineras del municipio de La Oliva cuya facturación anual, según las cuentas consultadas por este periódico, supera los 500 millones. La sede social de Pila SA está en un piso de Madrid donde residen dos hijos de González Arroyo. Ambas gasolineras son regentadas desde hace años por la mujer y una hija del senador. La sociedad Prelao SA, tiene como objeto social la explotación agrícola y su principal accionista es González Arroyo.

Pintura y combustible

El administrador reconoció que las dos gasolineras suministran combustible al Ayuntamiento que preside el alcalde pero dijo desconocer la cuantía de dichos suministros. Añadió que la sociedad Pila SA vende, también, pintura a la corporación que preside González Arroyo.

Pero el testigo negó que el alcalde o sus familiares pertenezcan a dichas sociedades. En este sentido, señaló que Rafaela Segura, esposa del senador, y su hija Begoña son empleadas de Pila, SA. Rafaela fue apoderada de Conlaofu, una de las sociedades que explotan las gasolineras, hasta 1993. Un familiar del senador ha manifestado a este periódico que las dos gasolineras son del senador "pero las tiene a nombre de esas sociedades para evitar que su esposa, de la que está separado, se quede con sus bienes".

Guerra no contestó numerosas cuestiones que le planteó el juez sobre los auténticos propietarios de estas sociedades, sus dividendos o cómo, cuándo o por quién fue nombrado administrador. Dijo no recordar nada y aseguró que cobra 320.000 pesetas mensuales por su trabajo como administrador. Los registros de la propiedad y mercantil consultados por este diario acreditan que González Arroyo es propietario en Fuerteventura de 24 fincas rústicas y seis solares que suman 1.031.258 y 10.659 metros cuadrados respectivamente; de cinco viviendas, de una cantera de picón y de dos sociedades con un capital social de 36 millones de pesetas.

A nombre de estas sociedades aparecen registrados seis turismos Mercedes modelos 560, 500, 300 y 190 y dos Range Rover. Es asimismo dueño de una cadena de radio y otra de televisión, Radio Difusión Fuerteventura S.A. y Teledifusión Fuerteventura SA. Las sociedades Conlaofu y Pila participan en el capital de ambas. Radio Difusión Fuerteventura recibió 1.500.000 pesetas del Ayuntamiento en concepto de "publicidad".

El juez Vielba ha tomado también declaración a Francisco Carballo del Toro, asesor del alcalde y firmante de los informes técnicos para otorgar licencias de obras. El PP obligó a González Arroyo a modificar su particular sistema de concesión de licencias de obras después de una investigación interna que duró más de un año. Las normas del Ayuntamiento de La Oliva establecían que cualquier persona que deseara obtener una licencia tenía que entrevistarse con el alcalde.