Multipartido balear
EL PARTIDO Popular, que ha sido la fuerza más votada en las elecciones autonómicas de las islas Baleares, quedará en la oposición en la próxima legislatura en virtud de un pacto que agrupa a todas las demás fuerzas políticas representadas en el Parlamento balear y que llevará al socialista Francesc Antich a la presidencia de la comunidad autónoma. Los tres diputados de Unión Mallorquina, una formación liberal y centrista que participó en los Gobiernos del PP hasta 1992, son los que han inclinado finalmente la balanza, de forma que sus poco más de 26.000 votos han anulado la amplia ventaja obtenida en las urnas por el PP, que con sus 160.000 sufragios y sus 28 diputados (en un Parlamento de 59) doblaba en la práctica al PSOE. No es extraño que este pacto balear multipartido, de todos contra uno -el PP-, haya suscitado críticas e incluso desatado algunas alarmas. La heterogeneidad de los asociados, que van desde el liberalismo hasta el ecologismo, pasando por el nacionalismo y el socialismo, y la difícil gestación del reparto de las parcelas de poder no son un buen presagio sobre la estabilidad y coherencia del nuevo Gobierno. El presidente autonómico saliente, Jaume Matas, contará con una buena oportunidad de hacer frente a esta alianza arco iris con una oposición coherente y es posible que fructífera con vistas a una futura recuperación de la mayoría.
Es lógico que el PP exprese su disgusto ante una coalición negativa que le desaloja del Gobierno balear después de 16 años. Es más dudoso que pueda hacerlo recurriendo a los lemas mitineros que usó en la campaña. El PP califica de espuria la coalición por el catalanismo y el republicanismo independentista de algunas fuerzas. Se olvida de que el Partit Socialista de Mallorca (PSM), principal objeto de estos ataques, es un partido nacionalista bien poco diferente de Convergència Democràtica de Catalunya, con la que ha acudido asociada a las elecciones europeas, o del PNV, fuerzas ambas firmantes del pacto de investidura de José María Aznar y que en el primer caso sigue garantizando con sus votos la estabilidad del Gobierno de España.
Algo falla en la política balear cuando el PP, a pesar de su notable ventaja, no ha sido capaz de presentar una fórmula de gobierno en minoría, como aconseja la lógica más elemental para un resultado como el que han arrojado las urnas. Los 16 años de Gobierno popular en las islas arrojan un resultado ensombrecido por los escándalos y las divisiones internas del PP. El primer presidente popular, Gabriel Cañellas, fue apeado tras la sentencia del caso Sóller, que estableció la financiación ilegal del partido a través de comisiones por obras públicas. Dos consejeros han sido condenados por fraude de ley y prevaricación; dos senadores, por fraude electoral y abuso de cargo, y en la lista electoral del PP figuraban un condenado por fraude electoral, otro procesado por prevaricación y una persona implicada en el cobro de talones por el túnel de Sóller.
El partido ahora decisivo, Unión Mallorquina (UM), fue víctima de la política de tierra quemada practicada por el PP, que primero promovió el transfuguismo de sus alcaldes y luego expulsó del Gobierno a su presidenta, Maria Antònia Munnar. De ahí que UM no haya aceptado ahora la suculenta oferta realizada bajo mano por el PP, que estaba dispuesto a reconocer el carácter histórico de la comunidad autónoma, a mejorar su financiación y a asegurar un buen número de cargos a cambio del apoyo parlamentario. La propuesta no tenía credibilidad y aportaba amplias dosis de oportunismo.
Desde hace ya algún tiempo, la política balear aparecía dominada por la cuestión de la alternancia, uno de los argumentos sobre los que se asienta la superioridad de la democracia parlamentaria. El pacto multipartido ha venido gestándose lentamente durante la pasada legislatura. El Consejo Insular de Mallorca, institución intermedia similar a una Diputación provincial, ha estado en manos de un pacto similar durante los últimos cuatro años, y coaliciones electorales de progreso han funcionado con éxito en dos elecciones en Ibiza y Formentera.
El conglomerado de centro-izquierda tiene ahora la ocasión de demostrar que la fórmula tiene también validez en el Gobierno autónomo. Dependerá precisamente de la prudencia y la coherencia con la que el nuevo Gobierno de Francesc Antich sepa gestionar las áreas más sensibles, fundamentalmente el turismo, el medio ambiente y la política lingüística. Son las cuestiones que requieren mayor diálogo y consenso, por su carácter estratégico en la vida balear, y son también las primeras que pueden ser víctimas de los doctrinarismos en una coalición guiada por el todos contra uno más que por la coincidencia de sus programas.
