Agricultura apoyará las zonas de sequía con la fiscalidad y los seguros
Agricultura estudia una batería de medidas para paliar los daños provocados por la sequía en el sector agrario y que, según las primeras estimaciones de las organizaciones agrarias, podrían situarse entre los 100.000 y los 140.000 millones de pesetas. En principio, esas medidas se podrían concretar en una reducción de la fiscalidad y en la aplicación generosa de los seguros agrarios.
Por el contrario, la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, no es partidaria de un uso generalizado de los créditos agrarios subvencionados, por lo que supone de condicionar presupuestos del ministerio para los próximos años y por las dificultades que han existido tradicionalmente para su control. Según el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela, la Administración no descarta ninguna medida para paliar los problemas planteados por la sequía, siempre que las mismas se hallen dentro de las posibilidades del Gobierno y sean compatibles con la normativa comunitaria.
Agricultura prepara un conjunto de propuestas, pero espera mantener en la próxima semana una reunión con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas afectadas para concretar los compromisos de ayuda.
Igualmente, espera que a corto plazo se puedan conocer con más fiabilidad los daños ocasionados en los sectores afectados, que actualmente se centran en cereales, remolacha y ganado extensivo, pero que podrían ampliarse mucho más por el viñedo y el olivar.
Para paliar los efectos de la sequía, el Ministerio de Agricultura ha elegido el Seguro Agrario como el principal vehículo de canalización de ayudas, así como para impulsar la política de coberturas. Sucede, sin embargo, en este momento que, del conjunto de las producciones incluidas en el seguro agrario y con problemas, solamente los cereales tienen un seguro contra la sequía.
Tanto la remolacha como el viñedo y el olivar, así como la cabaña ganadera a efectos de pastos, no tienen la posibilidad de este aseguramiento, por lo que las medidas de apoyo deberían venir por otras vías.
En el caso de los cereales, en esta campaña hay 2,3 millones de hectáreas con el seguro integral de cereales de invierno, lo que supone aproximadamente el 40% de la superficie cultivada.
Franquicia del 35%
Estas superficies tienen seguro contra la sequía, aunque hay una franquicia del 35% sobre el total de la producción asegurada, al descontarse algunos costes como los de recolección. Aunque se trata del seguro más extendido, la realidad es que su implantación es muy superior en las zonas de la mitad norte que en la mitad sur de la Península, donde en este momento se registran los daños más graves. El seguro integral de cereales de invierno cubre los daños por sequía siempre que se haya producido el nacimiento del cultivo. Sin embargo, en esta campaña se considera que hay miles de hectáreas donde, por falta de lluvias, ni siquiera ha llegado a germinar el grano. En teoría, estas superficies no tendrían derecho a la ayuda. Sin embargo, el ministerio estudia la posibilidad de extender la cobertura a esas tierras para compensar sus pérdidas.
En materia de fiscalidad, la Administración tiene sobre la mesa las medidas que ya vienen siendo habituales en estos casos, como la supresión del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la reducción al módulo 0 a efectos de estimar los ingresos para la declaración de la renta.
En esta línea, se baraja el aplazamiento en los pagos a la Seguridad Social frente a las peticiones históricas del sector para que se admita la condonación de estos pagos.
En este momento, los mayores interrogantes en materia de apoyos serían los correspondientes a la cabaña ganadera. El sector reclama ayudas para el aprovisionamiento o captación de agua y pienso barato en manos de la intervención.
Por el momento no se ha abierto en Bruselas una línea de ayudas o de financiación para acometer este tipo de situaciones catastróficas como sequía o inundaciones, algo prometido por la Unión Europea en el año 1995 con motivo de la anterior gran sequía en España, con Luis Atienza como ministro de Agricultura.
