Un alcalde del PSOE recusa a dos magistrados y retrasa su juicio por prevaricación hasta después de las elecciones
El juicio que debió comenzar ayer contra el alcalde del municipio granadino de Salobreña, Manuel Pérez Cobos (PSOE), por un presunto delito de prevaricación fue suspendido después de que la defensa del edil recusara a dos de los tres magistrados que debían juzgarle. En ámbitos judiciales esta recusación ha sido considerada como una argucia para retrasar la vista hasta después de las elecciones municipales del 13 de junio, a las que Pérez Cobos concurre como candidato socialista. El abogado del alcalde, Rafael González, argumentó su petición de que ambos magistrados no juzguen a su cliente en el hecho de que ya lo hicieron en dos ocasiones anteriores. Durante la instrucción del caso, los magistrados Carlos Rodríguez y Pedro Ramos vieron dos recursos de queja y se pronunciaron sobre ellos, una vez a favor y otra en contra del acusado. Por el contrario, el letrado de la acusación ejercida por la constructora Comofesa, José Luis Ruiz Travesí, consideró la actitud de su colega como "inédita, ya que recusa a dos magistrados de un tribunal compuesto por tres, por una presunta contaminación con escaso fundamento". Ruiz Travesí opina que la recusación "no tiene visos de prosperar", aunque su estudio "demorará dos meses como mínimo" el comienzo de la vista oral. El alcalde de Salobreña se enfrenta a un juicio por un presunto delito de prevaricación por cobro ilegal de impuestos. El fiscal y la acusación de Comofesa piden para Pérez Cobos un total de seis años de inhabilitación y cuatro de suspensión. Los hechos juzgados empezaron a desarrollarse en 1990. Cobro ilegal de licencias La constructora Comofesa denunció entonces un defecto de forma en el trámite, por parte del Ayuntamiento de Salobreña, de las contribuciones especiales que debían financiar las obras de urbanización de una calle paralela al paseo marítimo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a la empresa e impidió al Consistorio realizar el cobro de dichas contribuciones. Sin embargo, el Ayuntamiento trató de conseguir, de forma supuestamente ilegítima, cuatro millones de pesetas para acondionar la calle. Para ello exigió a 158 clientes de Comofesa el pago de 30.000 pesetas para concederles la licencia de primera ocupación, necesaria para que los propietarios pudieran habitar los pisos que acababan de adquirir a la constructora.
