Menos dogmas en Pekín

LOS DIRIGENTES chinos, desazonados por las repercusiones de la aguda crisis asiática, acaban de inscribir en la Constitución el papel de la economía privada. El país más poblado del mundo sigue siendo una dictadura, pero veinte años de crecimiento han empujado a China a formas económicas más compatibles con uno de los objetivos supremos de sus dirigentes, el crecimiento. El otro, íntimamente vinculado, es la estabilidad social, que el primer ministro, Zhu Rongji, considera amenazada a juzgar por sus reiteradas advertencias en los últimos días.La novedad real de la recién acabada sesión anual del sumiso Parlamento (Asamblea Nacional Popular) es la respetabilidad ganada finalmente por el sector privado, considerado hasta ahora el parásito inevitable de la economía socialista de mercado. Los tres mil diputados reunidos en Pekín para santificar las decisiones del presidente, Jiang Zemin, y el jefe del Gobierno han votado trufar la Constitución de 1982, que tiene como referentes a Marx, Lenin y Mao, con el pensamiento de Deng Xiaoping, el padre de las reformas económicas emprendidas en 1978. Se reconoce así institucionalmente, por primera vez en medio siglo, la importancia del bolsillo privado como complemento de la planificación ortodoxa.

Pekín ha aprendido de la crisis asiática que el aumento de la riqueza -situado oficialmente el año pasado casi en el 8%- pasa inevitablemente por la pérdida del protagonismo del Estado. A diferencia de sus vecinos, China no está en recesión, pero su tejido económico básico es sombrío. Cientos de miles de empresas estatales tienen límites de endeudamiento difíciles de asimilar para una mentalidad capitalista. A las pequeñas y medianas se les dice ya que deben empezar a valerse por sí mismas; en muchas han comenzado los despidos o su camuflaje como vacaciones sin paga. El porcentaje de incobrables de los bancos estatales llega en algunos casos al 50%. Nadie se atrevería a pronunciar la palabra privatización, pero las dificultades han forzado a los dirigentes del gigante asiático a adoptar medidas para sacar al Estado de los negocios. Algunas tan llamativas como el ultimátum a las Fuerzas Armadas, metidas hasta las cejas en el mundo del dinero, para que se concentren en su tarea primordial.

A cambio, el Gobierno ha prometido a los chinos un ambicioso new deal y guerra sin cuartel a las "fuerzas antisociales", básicamente el expolio a que jefes locales del partido comunista siguen sometiendo, en forma de impuestos ilegales, a campesinos y habitantes de ciudades pequeñas. Es una de cal y otra de arena. Mano de hierro contra cualquier forma de disidencia y anuncio de mejor trato para los millones de ciudadanos que, por el deterioro económico, podrían llegar a verse tentados por un estado de agitación al que Pekín teme por encima de todas las cosas.