¿Gasolina o gasóleo?
Veinte meses después de la tragedia acaecida en el Proof Spirit, el buque botado en Valencia en cuya construcción murieron 18 trabajadores, la investigación judicial iniciada con motivo del accidente laboral más grave de los últimos 14 años en España continúa, aún, lejos de su conclusión. Las causas concretas de la deflagración que sembró la muerte en los astilleros de Unión Naval de Levante (UNL) -ahora Inversiones Marítimas del Mediterráneo-, las circunstancias en las que se produjo el siniestro y las posibles responsabilidades de que estos luctuosos hechos se deriven todavía están por determinar. Ahora bien, tanto UNL como las acusaciones particulares personadas en la causa abierta, las familias de los trabajadores fallecidos que no aceptaron las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, tienen sus propias tesis. A grandes rasgos, éstos sostienen que la operación de la carga de combustible mientras decenas de trabajadores estaban en el buque fue clave en la determinación de la magnitud de la tragedia. La empresa tiene una visión diferente del asunto: la composición del combustible -con un porcentaje de gasolina superior al pertinente- favoreció una explosión rápida y devastadora que de otra manera, a su juicio, no se hubiera producido. Informe de la Politénica Ésta es la teoría defendida en un informe financiado por UNL y elaborado por tres catedráticos de la Universidad Politécnica de Valencia, los doctores Payri González, Desantes Fernández y Jovaní Sales. El estudio, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 9 casi año y medio después del accidente, pone de relieve la incidencia de la contaminación del combustible en el suceso. EL PAÍS ha tenido acceso al estudio. "Parece demostrado por los análisis realizados en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) que el combustible suministrado al buque el día del incendio estaba contaminado con una fracción de hidrocarburos ligeros del orden del 7%. Una contaminación en esta proporción reduce el punto de inflamación desde más de 55 grados centígrados hasta 4 grados centígrados, con lo que nos encontramos con un líquido cuya clasificación pasa de combustible a inflamable". En definitiva, la importante y tan imprevisible como inoportuna presencia de gasolina en el combustible -gasoil- que se suministró al barco pudo favorecer tanto la deflagración como la virulencia de la misma. Eso apuntan los técnicos: "La presencia de ligeros o contaminación con gasolina no es en absoluto irrelevante y aumentó muy considerablemente la posibilidad de que el incendio se iniciara". De hecho, constatan los catedráticos, "la virulencia del incendio de los primeros instantes se multiplica con la cantidad del combustible evaporado (...) . Estos primeros instantes de un incendio son determinantes en sus efectos catastróficos fundamentalmente sobre las personas, por lo que la presencia de hidrocarburos ligeros, o contaminación con gasolina, también es decisiva desde este punto de vista". El juez ha admitido el informe, que ha quedado adjuntado al voluminoso expediente abierto sobre el siniestro laboral más grave de la historia moderna de la Comunidad Valenciana. La importancia del documento no escapa a nadie. En un hipotético juicio, el dictámen de los expertos, que, en base a los anteriores razonamientos, señalan que es "posible que el incendio no hubiera llegado a producirse", podría servir para exculpar a la empresa de cualquier responsabilidad. La compañía que suministró el combustible estaría obligada, en ese caso, a dar explicaciones. Ahora bien, la presentación del informe, que no su validez, ha sido recurrida por el fiscal adscrito al caso, Jaime Cussac. Éste, en un último recurso de nulidad interpuesto ante la Audiencia, se niega a su aceptación por parte del juez, Francisco Barber, en defensa del procedimiento: La ley establece que los informes periciales realizados a instancia de las partes deben ser elaborados con el conocimiento y aceptación del instructor del caso. En caso contrario, defiende, las empresas o particulares con recursos inmersas en un procedimiento pueden, en cierta manera, pervertirlo, haciendo uso de su dinero para presentar estudios u otro tipo de pruebas que retrasen la investigación o modifiquen sus líneas maestras. UNL, una empresa que factura miles de millones y ha podido contratar los servicios de Carlos Bueren -ex magistrado de la Audiencia Nacional- en el caso, tiene, en base a esos razonamientos, una posición de superioridad: Es evidente que la empresa puede financiar una serie de iniciativas simplemente inaccesibles para las familias de los trabajadores fallecidos. Gasolina y gasoil, en opinión de algunos, David contra Goliat, para otros.
