El subdelegado dice que el desalojo en Benicàssim no exige orden judicial
El subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, aseguró ayer que la actuación de la Guardia Civil para el desalojo de las fincas afectadas por el desvío del ferrocarril en Benicàssim no exigía orden judicial. Sánchez Peral se ha basado en la Ley de Expropiación Forzosa para afirmar que "no es preceptiva" la existencia de tal orden. Asimismo reiteró que "todo el procedimiento jurídico-legal se ha cumplido al pie de la letra" y se refirió a un dictamen realizado por el abogado del Estado que así lo manifiesta. "Todos los errores están subsanados", alegó. Y precisó que, mientras el recurso se resuelve, las obras pueden reiniciarse. Sánchez Peral aseveró que el medio centenar de agentes que participó en el desalojo ha sido "proporcionado". Así, un grupo especial de la Guardia Civil procedió ayer, de nuevo, al desalojo de cuatro fincas más, acción para la que hubo de sacar, en volandas, a los propietarios de las tierras se oponen a la expropiación por considerar que siguen existiendo las "irregularidades" en el proceso. Según la abogada de los afectados, Rosa Serret, algunas de las fincas todavía están bajo el efecto de la suspensión cautelar, por lo que no pueden ser expropiadas.
