Los emigrantes indocumentados y el derecho a la salud
Las recientes noticias sobre una supuesta falta de atención sanitaria a hijos de inmigrantes sin papeles no es sino un pequeño reflejo, la punta de un iceberg mucho más trágico y que ya veníamos denunciando las ONG: existe, efectivamente, un cada vez más amplio colectivo de personas a las que no se permite el derecho a la salud. Entre ellos, ocupan un papel destacado los inmigrantes sin papeles. Actualmente, la asistencia sanitaria de estas personas se está cubriendo gracias a la generosidad y la responsabilidad de los profesionales de la salud, de algunas instituciones sanitarias y de las ONG, ya que no hay en vigor ninguna ley ni normativa que desarrolle el derecho a la salud en su globalidad para todos, incluida la infancia. En el caso de los menores, lo grave es que sí que existenleyes que les amparan.
Es una responsabilidad de todos solucionar este problema. Por tanto, creemos que no se puede cargar en las espaldas los profesionales de la Sanidad. Más bien al contrario, ya que éstos, en su mayoría y por sus propias convicciones éticas y profesionales, atienden a estos colectivos a pesar de que no existe legislación al respecto. Y esto se refleja en cómo se está atendiendo. Debe haber una verdadera voluntad política implicando a todas las instituciones que tienen competencia en este tema, como, por ejemplo, la cartilla de la Seguridad Social debe ser concedida por el Ministerio de Trabajo, concediéndola, para que se pueda acceder al Ministerio de Sanidad, en toda su integridad.
En este sentido, lograr una solución pasa por lograr un compromiso político: no es lógico que podamos atender a las víctimas de una guerra o una catástrofe humana y no poder hacerlo aquí. Nuestro sistema de salud, cuyos principios son la universalidad, la equidad, la eficacia y el desarrollo de la salud comunitaria, no puede dejar fuera a personas que conviven con nosotros en nuestro país y que mediante sus trabajos están siendo de gran utilidad a la sociedad española: trabajo doméstico o rural.
Respecto a la eficacia, no es ventajoso desde ningún punto de vista, ni para el paciente ni para el sistema, que el enfermo sin papeles tenga que esperar a que una enfermedad sea grave para poder ser atendido en Urgencias. Es aún menos permisible, existiendo programas de control de enfermedades infecciosas, que se dejen fuera a colectivos especialmente vulnerables a este tipo de patologías.
Se debe abordar, con la mayor urgencia, este problema y buscar la fórmula administrativa que haga posible un derecho fundamental como el de la salud, derecho garantizado, por otra parte, por nuestra Constitución y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ciñéndonos a la noticia que estos días han reflejado los medios de comunicación, deberíamos hacernos una pregunta: ¿por qué la fiscalía sólo ha denunciado que eran menores los no atendidos? ¿Por qué tienen derecho los niños a ser atendidos y no los adultos? Da la sensación de que a los medios y a la opinión pública sólo les produce indignación el hecho de la minoría de edad de los inmigrantes no atendidos. Si la persona tiene 18 años, ¿nos importa menos que no tenga derecho a la salud? En este aspecto, no conviene caer en la demagogia y en la hipocresía. Tanto derecho tiene un niño como un adulto o un anciano a su propia salud. Ahora, además, estamos en el momento ideal para abordar un cambio de la normativa -que le correspondería al Parlamento y al Gobierno-, porque es evidente que en este momento los medios de comunicación están alerta. Pensemos qué ocurriría en estos momentos si un inmigrante fallece -sea de la edad que sea- por falta de atención médica.
Pero volvemos a encontrarnos con el problema legislativo: la ley actual no ha desarrollado la normativa administrativa para atender los problemas de salud de todas las personas que viven en nuestro país. A pesar de que nuestro sistema consagra la universalidad, el no conceder a los inmigrantes una situación regularizada hace que no se desarrolle este concepto de universalidad, base de nuestro ordenamiento constitucional. Este problema legislativo y normativo debe ser resuelto desde su raíz.
Desde luego, no se arregla nada ofreciendo soluciones caritativas ni parches, porque, como en el caso de los niños aparecido en la prensa, se haya producido una cierta alarma social. Reclamar solamente el acceso a la salud de estos niños, acogiéndonos a la Declaración de los Derechos de los Niños, crea una verdadera injusticia ante los adultos, ya que parece ser que garantizar el derecho a la salud va a depender del año de nacimiento.
El derecho a la salud de los inmigrantes es un reto que debemos abordar desde nuestras instituciones democráticas, como es el Parlamento español. Aquellos responsables políticos que se han mostrado escandalizados con el caso de los menores tienen oportunidad de impulsar un cambio de la legislación. En este sentido, debemos plantear modificaciones de la Ley de Extranjería, concretamente del artículo sobre el derecho a la salud en casos de urgencia, para lograr un derecho a la salud en toda su amplitud y que pueda cumplir los requisitos de universalidad, equidad y eficacia. Un sistema en el cual se contemple la asistencia médica de urgencia, la asistencia continuada, la asistencia en enfermedades crónicas, la prevención y la promoción de la salud... En definitiva, garantizar la existencia de un sistema de salud basado en la equidad: "A igual enfermedad, igual tratamiento".
La situación socioeconómica actual de nuestro país y el optimismo generado por la integración europea deben ser aprovechados para mostrar la generosidad de nuestra sociedad hacia aquellos que están actualmente desprotegidos. En este sentido, frente a sociedades menos generosas y que tienden hacia la exclusión, como refleja un informe recientemente publicado en Le Monde Diplomatique, debemos marcar el camino de la solidaridad. Nuestra sociedad es generosa y solidaria, como se ha demostrado en la respuesta generada tras la catástrofe provocada por el huracán Mitch, y nos atrevemos a asegurar que no aceptará como algo inevitable la existencia de un colectivo sin derecho a ser personas, a tener identidad, papeles, salud o vivienda.
No podemos aceptar el hecho de que en nuestra sociedad convivan dos tipos de personas: los ciudadanos que disfrutan de todos los derechos y ventajas de un Estado de bienestar y un colectivo sin derechos, de "no ciudadanos", que depende de la buena disposición de los profesionales de la salud para resolver sus problemas médicos, por graves que éstos sean.
