El Insalud pide a Trabajo que conceda tarjetas sanitarias a los niños "sin papeles"

El Insalud requirió ayer al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de quien depende la Seguridad Social, que suministre tarjetas sanitarias a los hijos de inmigrantes sin papeles menores de 18 años. Este organismo insistió ayer en negar que se hayan producido casos de falta de asistencia, como los 15 que denunció la Fiscalía de Madrid, pero dio el primer paso para solucionar el problema burocrático que impide que muchos de estos niños reciban la asistencia sanitaria que exige la ley. La decisión de solicitar la tarjeta la apoyan el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo (que ayer recibió el respaldo del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal), Nueva Izquierda y varias ONG.

La solicitud del Insalud está siendo estudiada en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que es quien debe decidir las características de la tarjeta y cómo y cuando se entregará a los hijos menores de inmigrantes indocumentados. El nuevo ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, quiere solucionar el problema cuanto antes. De hacerlo, no sólo complacerá al Insalud, que ya le ha pedido formalmente que estudie la viabilidad del documento, sino también a la Fiscalía de Madrid, cuyo titular, Mariano Fernández Bermejo, solicitó ayer la misma tarjeta o "cualquier otro mecanismo" que facilite la asistencia sanitaria continuada a estos niños. Ésta sería "una fácil solución", en palabras del fiscal jefe de la capital, para garantizar el derecho a la sanidad gratuita de estos niños, algo que "en estos momentos no está garantizado", y su acceso a medicamentos subvencionados. Y resolvería los problemas de tipo burocrático que, según su fiscalía, han impedido que la atención médica se dispense con normalidad en al menos 15 casos detectados sólo en Madrid.

El fiscal jefe mantiene desde hace dos semanas una agria polémica con el Insalud sobre la atención sanitaria que reciben los menores sin papeles. Y no porque ésta no se esté produciendo, matizó ayer, sino porque las trabas burocráticas que se imponen a los hijos de inmigrantes irregulares cuando entran en un hospital -obligar a sus padres a firmar un papel por el que se comprometen a pagar los gastos que genere la intervención, por ejemplo- "les expulsa de hecho" del sistema público de salud, aseguró. "Es ilegal pedir una sola peseta, produce efectos tremendos", explicó Fernández Bermejo poco después de reunirse ayer en Madrid con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para tratar el asunto. Para el fiscal jefe, este hecho, que según el Insalud responde sólo a la necesidad de justificar los gastos que provoca la atención de personas que no tienen un número de la Seguridad Social, trae como consecuencia que estos inmigrantes no vuelvan a pisar un hospital ante el temor de que se les pueda exigir el pago de la factura. Y mucho menos si cuentan con otros servicios similares proporcionados por los Ayuntamientos.

Por eso para esta fiscalía, que ha documentado 15 casos de desatención a partir de las denuncias de médicos y trabajadores sociales del Insalud, la solución al problema pasa por suministrar a los niños sin papeles una tarjeta sanitaria similar a la que tienen los españoles. Ésta evitaría que los médicos atendieran a estos críos "por razones humanitarias" y fuera del marco legal, como vienen haciendo hasta ahora y desde que en 1996 se aprobara la Ley de Protección del Menor.

Cardenal respaldó todas las actuaciones de la fiscalía madrileña, según Fernández Bermejo, y se mostró "muy sensibilizado" con el problema. Fuentes de la Fiscalía General admitieron ayer que están estudiando el asunto por si cabe extender las denuncias realizadas en Madrid a otras comunidades. Si esto fuera así, no descartan una circular que obligue a actuar a todos los fiscales jefe como ya lo ha hecho el de Madrid.

Igual que los españoles

La idea de que la tarjeta sanitaria solucionaría el problema planteado por la fiscalía madrileña la comparte el Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que ya ha interpelado al Gobierno en este sentido, ha pedido la comparecencia del fiscal general del Estado en el Congreso y está presentando mociones en los Ayuntamientos en los que tienen concejales para que este documento se extienda a todos los inmigrantes menores de 18 años. Para este partido, la solución pasa por un documento que garantice la confidencialidad de los datos, ya que los padres de estos niños están sujetos a la expulsión del país, y que no sea genérica, sino "con nombres y apellidos", explicó ayer su secretario general, Diego López-Garrido. Es decir, un documento exacto al que tienen los niños españoles.

La tarjeta también está bien vista en CCOO, donde defienden la asistencia sanitaria no sólo de los niños, sino también de sus padres; en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y en varias Organizaciones No Gubernamentales, como Cáritas o Médicos del Mundo. Para ellas, el coste de la tarjeta no sólo sería asimilable por el sistema de la Seguridad Social, sino que facilitaría la atención médica de los menores, algunos de ellos nacidos en España.

Hasta ahora la fiscalía madrileña sólo ha requerido del Insalud una solución al problema. Un problema que los responsables de éste han negado una y otra vez, la última ayer mismo a través de su presidente ejecutivo, Alberto Núñez Feijoo, quien recordó que los centros del Insalud están obligados a atender a todos los niños. Pero si el Insalud no lo hace, Bermejo está dispuesto a llevar el asunto ante los tribunales, algo que sería "lamentable"